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Reportaje:MEMORIA HISTÓRICA

Vencidos y saqueados

Los republicanos españoles pagaron la derrota no sólo con la vida, la cárcel o el exilio. Los tribunales políticos del franquismo también confiscaron sus bienes y fijaron abultadas multas

Margarita Xirgu era un icono del teatro, un meteorito que horadó el casticismo de las tablas con su apuesta por la vanguardia europea. Para media España, un símbolo del compromiso de una generación de artistas de entreguerras. Para la otra media, una roja con un pasado que expiar. El expediente de la actriz es uno de los 36.018 resueltos hasta noviembre de 1941 por los 18 tribunales regionales de responsabilidades políticas, creados para castigar a los perdedores de la Guerra Civil por su ideología, a golpe de multas e incautaciones.

Por ellos desfilaron desde presidentes de la República como Manuel Azaña o Niceto Alcalá Zamora hasta insignificantes militantes de partidos del Frente Popular que alguien ponía en la diana del tribunal. Daba igual que el procesado estuviese en España o en el exilio; daba igual que estuviese vivo o muerto. En el peor de los casos, la familia pagaba el ajuste de cuentas. Así que Xirgu, de notoria afinidad republicana, no se libró de esta persecución, que comenzó mientras ella estaba de gira en México. "Es persona de izquierda, figurando afiliada en Izquierda Republicana. En octubre de 1934 tuvo oculto en su casa a Manuel Azaña, del que era íntima amiga, así como de Marcelino Domingo

Besteiro fue multado tras su muerte. A Companys le quitaron todos sus bienes y le ejecutaron

Lerroux enviaba cartas de felicitación a Franco por sus victorias. Logró que se archivase su expediente en Madrid

"Sus arengas eran inconcebibles en persona humana, y menos en una mujer", dicen de Pasionaria

[ministro de Instrucción Pública]. Le cogió el Movimiento Nacional en el extranjero, no habiendo regresado a su patria, dedicándose a realizar propaganda roja en festivales, representaciones teatrales y giras. Protege a los elementos marxistas en una finca que ha adquirido en Chile".

Por tales "hechos graves", el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona le confiscó todos sus bienes en 1941, la inhabilitó para ocupar cargos "de toda clase" a perpetuidad y la condenó al destierro, también perpetuo. Entre las propiedades incautadas se incluían tres viviendas en Barcelona y la casa de Badalona, donde Azaña se había alojado tras su retención en el puerto barcelonés en 1934, y por la que también habían pasado Federico García Lorca y Jacinto Benavente.

Margarita Xirgu jamás regresó del exilio, a su juicio, el peor de los males. "Qué sabios eran los griegos; no te mataban, te exiliaban", decía la actriz a menudo, según recuerda su sobrino-nieto Xavier Rius Xirgu. No retornó ni siquiera tras la decisión de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, heredera de los expedientes políticos, que aceptó el recurso de la artista y suavizó el castigo: multa de 2.000 pesetas y devolución en 1949 de los bienes incautados, incluida la casa de Badalona.

Parte de este historial de Xirgu figura entre la documentación trasladada en diciembre pasado en 4.221 cajas desde el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (Madrid) al Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, que el Ministerio de Cultura convertirá en un gran archivo de los peores años del siglo XX. En esas cajas se puede rastrear buena parte de la represión política impulsada desde 1939 gracias al esmero de la dictadura en dejar huella de su propio desatino. Entre la documentación judicial conservada ahora en Salamanca hay algunos ejemplos.

Al socialista Julián Besteiro, que murió en 1940 en la cárcel de Carmona (Sevilla), se le condena un año después de su fallecimiento a pagar 15.000 pesetas de multa. Absurdo, sí. Implacable, también. La represión se heredaba. Entre otros, le ocurrió a los familiares de Lluis Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. Le mataron tras un consejo de guerra y posteriormente todos sus bienes fueron adjudicados al Estado. En 1948, su hermana Ramona reclamó la devolución de las propiedades. En Salamanca se pueden leer los argumentos que da la Comisión Liquidadora en 1953 para rechazar esta petición: "No ha lugar a devolver a los herederos de Luis Companys las fincas que fueron embargadas en pago por la responsabilidad civil declarada contra el mismo por la realización de actos contrarios al Movimiento Nacional".

Uno de los pocos cargos republicanos al que se le archiva el expediente de responsabilidades políticas es Alejandro Lerroux, presidente del Gobierno y ministro en varias ocasiones. Nada más comenzar la Guerra Civil, se refugió en Portugal para seguir los acontecimientos con la tranquilidad de una frontera de por medio. En 1942, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid sobresee el caso y el de ámbito nacional lo confirma: "Si bien la actuación política del señor Lerroux sobradamente conocida no puede menos de reputarse funesta desde el punto de vista del Movimiento Nacional, es indudable que siendo todos los actos que en este sentido puedan atribuírsele anteriores a octubre del 34, en que precisamente hubo aquél de enfrentarse contra la subversión revolucionaria, se hallan exentos de responsabilidades políticas, y en cuanto a su estancia en el extranjero, constando como constan sus reiteradas adhesiones a la Causa Nacional y sus tentativas para que se autorizase su entrada en España, es incuestionable que no puede ser sancionado".

En el expediente se incluyen documentos sobre la repentina devoción de Lerroux hacia los sublevados, que tal vez le sirvió para regresar a España tras el conflicto. "Excelentísimo señor Alejandro Lerroux: Su Excelencia el Generalísimo Franco me encarga le manifieste que ha recibido su grata del 18 del actual, en la que expresa su felicitación por el aniversario del glorioso Alzamiento Nacional y su adhesión a la causa de la verdadera España", le escribe el 26 de julio de 1937, "segundo Año Triunfal", el teniente coronel ayudante-secretario del Jefe de Estado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales desde Salamanca, cuartel general de Franco.

Aquel mismo año, la abogada Victoria Kent fue nombrada secretaria de la embajada española en París. Tampoco volvió del exilio. Fue castigada por una doble vía. En 1941, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo la condenó a 30 años de cárcel. Y tres años después, la Sala 2 del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas le impuso una multa de 100.000 pesetas, ya que, después de investigar su patrimonio, comprobaron que no existían "bienes de su pertenencia en territorio nacional, toda vez que vivía de sus ingresos en la profesión y cargos ocupados". El tribunal considera grave su militancia en partidos de izquierda, sus cargos durante la República (fue directora general de Prisiones), su dependencia de la Institución Libre de Enseñanza y su "colaboración con los Gobiernos marxistas".

Cipriano Rivas Cherif, director de la compañía de Xirgu y cuñado del presidente de la República Manuel Azaña, también se enfrentó a las dos patas sobre las que caminaba la represión: la militar, que enviaba a la cárcel o al otro barrio, y la política, que cobraba sanciones. Por el delito de adhesión a la rebelión, un tribunal militar le condenó en 1940 a la pena de muerte, que luego le fue conmutada. Por su activismo político, en 1947 le imponen una multa de 20.000 pesetas. Previamente le confiscan 6.000 francos suizos. Entre los delitos políticos del cuñado de Azaña se citan: "Colaboró desde su puesto en la Delegación Permanente Española ante la Sociedad de las Naciones con la pretendida labor de prestigiar a la España marxista y de conseguir para ella toda clase de ayudas espirituales y materiales".

Como las inquinas de estos tribunales eran proporcionales a la responsabilidad desempeñada durante la República, hay otros nombres especialmente emponzoñados en los textos. A Diego Martínez Barrio, ex ministro, ex presidente del Gobierno y ex presidente de las Cortes, le consideraron "uno de los principales culpables de cuantas tragedias han ocurrido en España tras el 16 de febrero de 1936". "Fue uno de los que enardeció a las masas extraviadas y pervertidas a la lucha contra las fuerzas nacionales", reza la sentencia de noviembre de 1940. Se incautaron de todos sus bienes y le condenaron al destierro. A José Giral, también ex presidente y ex ministro, le describen como "testigo impasible de la inmensa mayoría de desmanes, depredaciones, saqueos, robos y asesinatos que se perpetraron en nuestra patria por la horda roja". Le imponen una de las multas más altas (75 millones de pesetas) y 15 años de extrañamiento [destierro].

No menos inclementes se muestran con el moderado Niceto Alcalá Zamora: "Sus errores, torpezas y desaciertos fueron en tal número y magnitud que puede estimársele como de los principales responsables por acción y omisión de haber forjado la subversión roja, haber contribuido a mantenerla viva durante más de dos años y a estorbar el triunfo providencial del glorioso Alzamiento". Por su "animadversión" hacia el Alzamiento le condenan en 1941 a 50 millones de multa, le confiscan sus bienes y le destierran 15 años. Una de sus hijas, María Teresa, logra que se revise la sentencia años después, tras la muerte de Alcalá Zamora en Buenos Aires en 1949. También aquí, pese a su fallecimiento, sigue vigente la obligación de sus herederos de pagar la sanción (tres millones de pesetas tras una primera rebaja, a la que seguirá una segunda).

A los exiliados Giral, Martínez Barrio y Alcalá Zamora les imponen, además, otra pena de gran impacto emotivo: proponen que se les retire la nacionalidad. Al igual que a Dolores Ibárruri, Pasionaria, sentenciada en febrero de 1941 por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid con una prosa que hoy hace reír y entonces hacía llorar. "Realizó activa propaganda entre las masas obreras de las ideas del llamado Partido Comunista. Uno de cuyos dirigentes más influyentes era desde octubre de 1934, llegando a ejercer una manifiesta influencia en ellas que aprovechaba para divulgar ideas disolventes y anárquicas del mismo. Fue diputado en el 36 por Oviedo. Su intervención en Cortes se caracterizó por su manifiesta agresividad oral a los elementos destacados de las derechas, evidenciado por la frase que profirió el 16 de junio de 1936 al terminar su discurso Calvo Sotelo. 'Este hombre ha hablado por última vez'. Durante el Movimiento Nacional mostró una oposición acusada en mítines y arengas en radio de una audacia y léxico inconcebibles en persona humana y menos aún en una mujer".

En vista de que la investigación de Dolores Ibárruri desvela un patrimonio ascético (una casa en Somorrostro valorada en 3.000 pesetas), el tribunal obvia la proporcionalidad entre posesiones y cuantía de la multa y decide imponerle una sanción de 25 millones de pesetas, "una cifra que, absorbiendo bienes conocidos, alcance a todos los que pudieran descubrirse o a la participación que le corresponda en el botín producto de sus depredaciones".

El colapso de la maquinaria represora

Manuel Álvaro Dueñas, profesor de la Universidad Autónoma, hurgó en la represión política mucho antes de que la memoria histórica invadiese el presente. Dedicó su tesis doctoral a la jurisdicción especial de responsabilidades políticas en Madrid. La leyó en 1997 y se publicó en 2006. Gracias a su investigación, se descubrió el alcance que habían tenido esos tribunales en sus tres primeros años de vida (1939-1941): 125.286 expedientes incoados y sólo 38.000 resueltos. "Carrero Blanco ordena que se envíen a la subsecretaría de la Presidencia un estadillo con lo incoado, lo pendiente y lo resuelto. Se dan cuenta entonces de que no dan abasto", expone. Burgos o Ceuta habían sido diligentes, pero las provincias con más frenesí represor (Granada, Valencia, Madrid, Barcelona o Albacete) apenas habían resuelto la cuarta parte de los asuntos iniciados. El propio departamento de Carrero Blanco calcula que, si le suman los nuevos expedientes que remitirán otros tribunales (militares y de represión de la masonería), se alcanzará como mínimo los 250.000 expedientes. "De mantenerse este ritmo, se tardaría 15 años en liquidar las responsabilidades políticas", reconocen en una nota interna. "Les preocupa modificar el procedimiento sin que parezca que dan marcha atrás, pero la razón de peso por la que reforman la ley en 1942 es que se ha colapsado la jurisdicción", indica Álvaro. También ayuda otro colapso: el económico, derivado del bloqueo de millones de cuentas. Se produce entonces un archivo masivo de causas a republicanos insolventes o de poca responsabilidad y en 1945, se cancela la jurisdicción. Los casos pendientes pasan a una comisión liquidadora. Mientras funcionó, la jurisdicción política fue "opaca" e "inquisitorial", según Manuel Álvaro. Tenía un carácter retroactivo -se purgaban hechos cometidos a partir de 1934-, la responsabilidad "no se extinguía con la muerte" y no se convocaban vistas orales. El acusado sólo podía enviar un pliego de descargos a través de un abogado. "Había 17 causas por las que incoaban un expediente, entre ellas, militar en partidos del Frente Popular, ser dirigente sindical o haber residido dos meses fuera de tu provincia antes del alzamiento", señala Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería y coordinador de una investigación sobre estos tribunales en Andalucía. En dos años de trabajo, los 32 investigadores que participan en el proyecto han examinado 56.000 expedientes (las mujeres sólo representan el 4,5%). "El elemento fundamental es el botín de guerra", sostiene Martínez. "Se consiguió el objetivo político al generar un inmenso censo de rojos, pero se vio frustrado el económico, en gran medida porque más del 80% de los expedientados eran trabajadores o pequeños propietarios con rentas bajas", explica Antonio Barragán, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba. Pero con los afectados no había piedad: Barragán ha encontrado casos en los que se confisca "la casa, la ropa, los aperos y hasta los utensilios de cocina".

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