Detenido por malversación y prevaricación el alcalde de Castro Urdiales

El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (tránsfuga del PRC) fue detenido ayer por la Guardia Civil para prestar declaración por un presunto delito de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental, dentro de la investigación judicial que lleva a cabo el juzgado de instrucción número dos de Castro Urdiales, sobre varias promociones con 207 viviendas (105 ya construidas) en una vaguada, en lo que podrían ser terrenos de dominio público. De confirmarse, las viviendas, muchas ya vendidas, serían ilegales, a pesar de contar con las licencias municipales, y susceptibles de derribo.

Muguruza llegó al cuartel de la Guardia Civil a las 11.15 acompañado de dos abogados y fue puesto en libertad hacia la una de la tarde. Previamente, había sido detenido por el mismo motivo su concejal de obras, Rufino Díaz Helguera, ex alcalde del municipio (expulsado del PSOE) quien prestó declaración a las 9.15 de la mañana. Por la tarde, hacia las 17 horas también era llamado a declarar el ex secretario municipal de Castro Urdiales, César Sáiz. Todos fueron puestos en libertad posteriormente.

Las detenciones están relacionadas con la Unidad de Ejecución 1.34, una actuación urbanística con un centenar de viviendas levantadas sobre una vaguada. En la documentación que maneja el juez se explica que los terrenos son susceptibles de ser dominio público por la presencia de un arroyo (servidumbre hidráulica), y que por tanto, se habría producido una apropiación privada del patrimonio municipal. Las viviendas están construidas sobre un cauce de agua, con el consiguiente riesgo para sus inquilinos (los garajes se han inundado ya varias veces). Además, el Ayuntamiento podría haber rechazado parte del suelo que le correspondería por aprovechamiento lucrativo, es decir, el 10% que por ley, las promotoras deben ceder al municipio en cualquier promoción, "una constante en el urbanismo castreño", según el ex interventor municipal entre 2001 y 2006, Fernando Urruticoechea, que se ha presentado como acusación particular en la causa.

Las empresas promotoras, Urdicam, Promociones Cotolino, Inmobiliaria Izarra y Castrum Varduliex también están siendo investigadas. Los socios de Urdicam fueron llamados a declarar el pasado diciembre y puestos en libertad con una fianza de más de 4,8 millones de euros para asegurar responsabilidades pecuniarias por un presunto delito de estafa.

Este no es el único procedimiento judicial al que se enfrenta Muguruza. El juzgado de instrucción número dos de Castro Urdiales ha dictado dos autos de procesamiento contra el alcalde por prevaricación en las adjudicaciones a dedo de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño (a la empresa Izeta, en la que trabaja un hermano del concejal de Industria) y de la desratización del municipio (a la empresa Trapur, propiedad de Pedro María Llamas López, un cargo de la ejecutiva local del PP). El juez ha abierto otras 25 diligencias previas por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, que afectan, a técnicos municipales, promotores y entre otros, al actual alcalde, Fernando Muguruza (tránsfuga del PRC), al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López (PP), a la de cultura, Concepción carranza (PP), y a los ex ediles de Industria, Jaime Díez Muro (PRC), Obras, Salvador Hierro (IU), y Medio Ambiente, Juan Tomás Molinero (PRC).

"He manifestado en muchas ocasiones mi decepción con la justicia española y tengo miedo de no ser tratado con justicia", manifestó ayer Muguruza en Onda Cero, tras prestar declaración. "Tengo la conciencia totalmente tranquila de haber actuado siempre conforme a lo que se me ha indicado desde los servicios técnicos y jurídicos y siempre con la convicción de hacer lo mejor por mi pueblo", añadió.

Urruticoechea, por el contrario, asegura que se presentó como acusación particular en los múltiples expedientes judiciales abiertos ahora contra la corporación municipal, "para defender la legalidad y el patrimonio de Castro Urdiales", después, asegura, de que en el Ayuntamiento le hicieran "la vida imposible por constatar en mis informes las flagrantes ilegalidades que pretendían llevar a cabo".