Aguirre: "Soy la principal perjudicada y la principal interesada en que se aclare"

A última hora de la tarde, y tras ausentarse del Consejo de Gobierno "por un acto privado", Esperanza Aguirre ha comparecido ante los medios antes de la entrega de los XVIII Premios AEDME para hablar expresamente sobre la trama de espionaje político destapada por EL PAÍS en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional ha repetido los argumentos esgrimidos esta mañana por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que se resumen en negar tajantemente que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de esta administración y en amenazar con "nos vemos en los tribunales" a quien diga lo contrario. También ha pedido a todo aquel que sostenga esta tesis que acuda a la Justicia. A pesar de que la presidenta de Madrid no está entre las víctimas de la red, ha dicho: "Soy la principal perjudicada y la principal interesada en que se aclare".

Preguntada por si pone la mano en el fuego por todos sus consejeros ha sido clara y concisa: "Por supuesto". Pero si hubiera "una sola persona de la Comunidad de Madrid que se demuestre que ha participado, será expulsada tenga el rango que tenga", ha sentenciado Aguirre. El Gobierno que preside "nada tiene que ver con estas imputaciones gravísimas y es el primero que quiere que se esclarezcan", ha reiterado. "Aquí, en la Comunidad de Madrid, no hay montado ningún servicio de espionaje ni nada que se le parezca. El que diga lo contrario tendrá que probarlo y acreditarlo. Si no, tendrá que rectificar". Según ha dicho Aguirre, Marcos Peña y Granados ya han enviado cartas de rectificación. EL PAÍS publica hoy la carta de Peña, ex policía nacional Marcos Peña, fichado por el consejero de Interior, Francisco Granados, el 27 de junio de 2008 como asesor de seguridad.

La presidenta ha hecho hincapié en que se imputan "delitos muy graves" a la Comunidad de Madrid. "No podemos admitir que nos acusen sin ninguna prueba. Si no rectifican, se encontrarán con nosotros en los tribunales", ha dicho Aguirre, para reiterar, desafiante: "Nos vemos en los tribunales". Para Aguirre, en un "Estado de Derecho se presume la inocencia y quien tiene la carga de la prueba es el que acusa", a quien ha pedido "que ponga en manos de la Fiscalía toda la documentación y todas las pruebas". "No hay nadie más interesado que nosotros en que se aclare. Queremos luz y taquígrafos, la máxima transparencia", ha remachado. "El Gobierno regional no tiene nada que ver con estas imputaciones gravísimas y tampoco nos corresponde a nosotros investigar", ha sostenido Aguirre, que ha precisado que "no estamos hablando de una cuestión administrativa sino de presuntos delitos". "Nosotros no investigamos delitos", ha agregado.

El PP implica a Interior

Aguirre ha indicado que ha hablado "con toda la dirección del PP" y les ha dado ya "toda la información" de la que dispone sobre el turbio asunto. No ha hablado, sin embargo, con Alberto Ruiz-Gallardón, al que se ha referido en tonos muy duros tras la intervención de éste anoche en 59 segundos. "No me parece lógico que un consejero monte un equipo de este tipo. Una comunidad no tiene competencia en seguridad y no puede tener un cuerpo parapolicial", dijo el alcalde. Para Aguirre, Gallardón y "cualquiera que dé por buena" la información de EL PAÍS "deberán probarlo o rectificar. "Si no, nos veremos en los tribunales", ha reiterado. Sí ha enviado la presidenta un mensaje SMS a Manuel Cobo lamentando que su nombre se vea envuelto en la trama, en su caso como presunta víctima.

Esta comparecencia se ha producido después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, haya abierto esta mañana una puerta a la complicidad del Ministerio del Interior en el escándalo. "Hay información contenida en los dossieres que no se puede conseguir sin la connivencia de Interior, como identificaciones de personas y matrículas", ha precisado González Pons, y se ha preguntado: "¿Quién está detrás de esta investigación a los populares?". Sin embargo, el consejero Francisco Granados ha negado este extremo horas después: "No tengo ninguna sospecha de que el Ministerio del Interior nada tiene que ver con ningún seguimiento ni al señor Cobo ni al señor Prada". Preguntado por el asunto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visiblemente enfadado, ha pedido "rigor y seriedad" a los populares. "En Génova saben muy bien a quién tienen que mirar. Hay quien en sus declaraciones quiere hacer chistes malos pero esto es un tema serio, muy serio", ha dicho en su primera referencia a esta cuestión desde el lunes. Por tanto, ha pedido a Mariano Rajoy que "asuma responsabilidades y tome decisiones".

En respuesta, el PP ha hecho público esta tarde un comunicado en el que advierte que de confirmarse los casos, serían unos "hechos gravísimos" y "unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen", que darían lugar a responsabilidades en el ámbito de la Justicia, a la que ha pedido que actúe de manera inmediata. Pero el PP también considera que se derivarían responsabilidades de carácter estrictamente político, que el partido exigiría con "absoluta firmeza y determinación". Rajoy, según la nota, ha dado instrucciones a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que recabe toda la información sobre el caso con el fin de aclarar lo ocurrido hasta los últimos extremos y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes. Rajoy dice sentir repugnancia ante la práctica de escuchas o seguimientos ilegales "con fines desconocidos" a dirigentes del partido.