El presidente del Poder Judicial irá al Congreso en enero pero que no hablará del 'caso Mari Luz'

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha confirmado hoy que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, tiene previsto comparecer después de las vacaciones de Navidad en el Congreso de los Diputados, pero que, al ser también el presidente del Tribunal Supremo, no podrá pronunciarse acerca de la sanción de 1.500 euros impuesta el martes por el pleno del Consejo al juez Rafael Tirado por su error en el caso Mari Luz. El alto tribunal debe decidir en última instancia sobre la medida, ya que la Fiscalía va a recurrirla. El PSOE ha registrado hoy su petición de que comparezca, pero para hablar del régimen sancionador de los jueces. José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido también a Dívar que dé explicaciones, ha expresado su "discrepancia profunda y seria" y ha anunciado que estudiará "todos los caminos legales" para oponerse a la sanción.

"La comparecencia [de Dívar] está prevista para principios de año, una vez iniciado el año parlamentario, para explicar las actuaciones y decisiones del Consejo con la limitación respecto a las decisiones que tienen que ser revisadas por el Tribunal Supremo", ha indicado Bravo. No obstante, ha insistido en que Divar "no podrá pronunciarse sobre asuntos que han de ser revisados por la vía jurisdiccional por el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que es su presidente". La sanción impuesta a Tirado por su tardanza a la hora de ejecutar una sentencia pendiente por abusos sexuales al presunto asesino de la niña aún debe ser estudiada por el alto tribunal tras el recurso presentado por la Fiscalía, que hoy ha respaldado Zapatero en su comparecencia ante los medios tras el último Consejo de Ministros del año.

Bravo ha agregado que la fecha para la comparecencia no está fijada pero, en todo caso, nada tiene que ver con la solicitud del PSOE -que hoy ha registrado en el Congreso su petición de comparecencia de Dívar para que explique su política disciplinaria del Consejo y de inspección de los tribunales- porque el presidente del Poder Judicial ya tenía previstó acudir a la Cámara Baja antes del pleno del pasado martes. Para el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, el CGPJ "no ha estado a la altura" y ha dado "una imagen penosa de debilidad y corporativismo".

Zapatero promete "las reformas necesarias"

La petición de comparecencia deberá ser calificada por la Mesa del Congreso en una próxima reunión y después el CGPJ deberá decidir si su presidente acude o no al Parlamento. El antecesor de Dívar, Francisco José Hernando, decidió al final de su mandato negarse a este tipo de comparecencias al entender que el Poder Legislativo no puede controlar al Judicial. Ahora, no parece que sea el caso. "El Consejo, con arreglo al principio de transparencia, no se opondrá", ha sentenciado Bravo. Poco antes, Zapatero ha dicho que "el Gobierno discrepa abiertamente" de la decisión del Consejo de mantener la sanción económica a Tirado en lugar de suspenderle de empleo y sueldo durante tres años, con la consiguiente pérdida de destino, como pedía la Fiscalía .

El presidente del Gobierno ha añadido en su declaración que respalda el recurso anunciado por el Fiscal General del Estado. Es más, "el Gobierno estudiará todos los caminos legales que puedan existir ante esta sanción". Además, el Ministerio de Justicia ya trabaja en una reforma del régimen disciplinario de los jueces. El presidente del Gobierno ha añadido que en democracia cada órgano es responsable de esas decisiones y que ésta es una situación crítica. "El Gobierno cree interpretar una voluntad amplia de la opinión pública expresando esta discrepancia profunda y seria. Quienes representamos la voluntad democrática de los ciudadanos, en este caso mayoritariamente, tenemos una responsabilidad especial de intentar que estas cosas no vuelvan a suceder y para ello tenemos que hacer las reformas que sean necesarias".

Por último, Zapatero ha explicado que el mismo día en que el CGPJ anunció su decisión él habló personalmente con el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, para decirle que "el Estado de Derecho es la lucha por el Estado de Derecho y que su testimonio, que ha sido ejemplar, va a tener consecuencias y un efecto positivo, para mejorar en general el funcionamiento de la administración de Justicia". Desde el PP, su portavoz de Justicia, Federico Trillo, ha asegurado que la asunción de responsabilidades por parte de los jueces "es la gran asignatura pendiente del Poder Judicial en nuestra democracia" En un comunicado, Trillo afirma que el CGPJ que, al ratificar la multa, ha perdido una oportunidad para "declarar el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia" e "investigar a fondo" la responsabilidad de todos los implicados.

"El Gobierno discrepa abiertamente de esta decisión"