Reportaje:

¿Qué fue del 'caso Guateque'?

La investigación de la trama de corrupción en torno a las licencias, que dejó al descubierto el caos administrativo del Ayuntamiento de Madrid, cumple hoy un año sin visos de que llegue a su fin

La investigación judicial abierta por la mayor trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Madrid cumple hoy un año sin visos de que llegue a su fin por los obstáculos para realizar los peritajes económicos. Pese a los 365 días transcurridos, las pesquisas judiciales del caso Guateque ponen ahora su punto de mira sobre los empresarios que entregaron suculentas mordidas a los funcionarios imputados a cambio de que les agilizasen los trámite de las licencias de sus locales. El juez Santiago Torres concluirá el próximo diciembre estas comparecencias, que se sustentan en los pagos anotados en las agentes intervenidas a los imputados que actuaban como intermediarios entre los empresarios y los empleados públicos encargados de la tramitación de los expedientes.

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Una vez que concluya esta fase, sólo quedarán los dictámenes periciales del patrimonio de los acusados, la auditoria de los expedientes y su posterior análisis. Cuando el magistrado tenga sobre la mesa estos tres informes, lo que se podría prolongar durante varios meses, transformará la causa en procedimiento abreviado, es decir, pondrá punto y final a la investigación. No obstante, la parte económica está paralizado desde el inicio de la causa por la negativa del Gobierno regional de adelantar fondos para practicar el peritaje. Los tentáculos de la trama han tocado a funcionarios del Area de Urbanismo y Medio Ambiente, sin alcanzar a altos cargos del consistorio madrileño. No ocurre lo mismo en el caso del Gobierno de Esperanza Aguirre. El viceconsejero de Transportes, Luis Armada, es el único imputado de la esfera política a cuenta de las anomalías detectadas en su gestión como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de 1997 a 2003.

El 'caso Becara'

No obstante, el juez desgajó en julio de esta investigación el caso Becara, que salpicó de lleno al presidente de la Junta de Salamanca, Iñigo Henríquez de Luna. Esta nueva causa surgió a instancias de una denuncia de unos vecinos del número 18 de la calle Juan Bravo que relataron una serie de irregularidades cometidas en la afamada tienda de decoración Becara por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El germen del caso está en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente, que focalizó la atención de la Guardia Civil desde el inicio de las indagaciones, que se extendieron a ocho Juntas Municipales de los 21 distritos que conforman la capital. Los investigadores descubrieron una red de cobro de comisiones ilegales que hasta entonces gozaba de una impunidad que casi se hizo crónica. Un informe del Instituto Armado activó el primer capítulo de la operación.

El documento puso al juez en sobreaviso de que un grupo de funcionarios aprovechaba la falta de controles internos en los expedientes para obtener dinero a cambio de acelerar o paralizar los trámites de estos permisos, cuya obtención podía demorarse hasta dos años. La primera fase arrancó a primera hora del 14 de noviembre y se saldó con 16 detenidos. Agentes de la Guardia Civil, acompañados de la Policía Municipal, irrumpieron en Urbanismo, en Medio Ambiente y en las Juntas de Centro, San Blas y Chamberí. El juez levantó así el velo de una tupida organización ilegal, cuya investigación policial se inició el 9 de marzo de 2006 a raíz de la denuncia de un particular, al que solicitaron 20.000 euros. Entre los detenidos estaban los supuestos cabecilla de la red: Victoriano Ceballos, hasta entonces jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, y Joaquín Fernández de Castro, que era el jefe del Departamento de Evaluación Ambiental. El juez de guardia les envió, junto a otros tres arrestados, a prisión por presuntos delitos de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias.

El cerebro de la trama

En la cúspide de la red se sitúa Ceballos, quien llegó en 1980 a la Junta de Moratalaz gracias a su cuñado Saturnino Zapata, entonces concejal socialista de Personal. Años después accedió a la Concejalía de Medio Ambiente, donde se le abrió un expediente en 1987 por falsedad documental en la tramitación de licencias para el citado distrito. Al final, se le apartó de la investigación por falta de pruebas. Ademas de los cerebros de la trama, se decretó el ingreso en la cárcel de los empresarios Santiago Castillo Morales, apoderado de la empresa AC93 (dedicada a la gestión de licencias), y Antonio Sanz Escribano, administrador único de la empresa AB Escribano Ingenieros Consultores. La sociedad AC93 es una de las piezas clave de la instrucción, puesto que se encargaba de falsificar documentos para solicitar las licencias que formaron parte del entramado corrupto. El 20 de noviembre, el juez mandó a prisión a Carmelo García Sánchez, un funcionario jubilado, adscrito en su momento a la Gerencia de Urbanismo. García Sánchez estuvo implicado en el caso similar, el Sauna Paraíso del que se le exoneró.

La revelación de la trama abrió la veda de la bronca política por la supuesta responsabilidad del Ayuntamiento en permitir que sus funcionarios se lucraran gracias a la obtención de sobornos, que oscilaban entre los 8.000 y 20.000 euros. Para frenar las acusaciones, Alberto Ruiz-Gallardón se mostró partidario de colaborar con la Justicia. El propio juez le solicitó ayuda directa para canalizar el gran número de denuncias aportadas al procedimiento por particulares. La segunda fase saltó el 27 de diciembre de 2007, con el registro de seis sedes municipales y diez nuevas detenciones de personas vinculadas a la trama. Esta fase se produjo tras analizar minuciosaente la documentación incautada en los primeros registros y los 187 expedientes requisados.

En este bloque, el instructor mandó a prisión a Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Chamartín); Miguel Angel García Jodar (técnico de Medio Ambiente); Alfonso Clemente García (que trabajó en la Junta de Carabanchel); y Fernando Ruiz Torrejón (de Urbanismo). Además, decretó el 9 de enero prisión provisional para los empresarios Julián Rubén López y Eduardo Agustinos, quienes se encontraban huidos de la Justicia desde el 27 de diciembre. Casi dos meses y medio después, el magistrado puso en libertad a Ceballos y a los otros funcionarios -también los detenidos en la segunda fase- bajo fianza de 60.000 euros, mientras que los empresarios pudieron eludir la cárcel tras abonar un pago de 100.000 euros. Una vez excarcelado, Ceballos acudió el 2 de enero a declarar de nuevo y dijo que "sólo" se adelantaban "los expedientes que decían los políticos que se adelantaran". En otra de sus comparecencias, celebrada en julio, admitió que recibió gratificaciones por parte de una arquitecta por colaborar en proyectos de expedientes que posteriormente se remitían al Area de Medio Ambiente. Esta revelación le sirvió para que le imputaran un delito de actividades prohibidas para los funcionarios.

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