Pumpido pide a los partidos que no usen el Ministerio Público como "arma arrojadiza" en su lucha contra ETA

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha pedido hoy a los grupos políticos que no utilicen al Ministerio Público en su lucha contra el terrorismo como un "arma arrojadiza" al servicio de cualquier interés que no sea el de la ley. Conde-Pumpido, que comparece hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2007, ha garantizado que esta institución seguirá actuando contra ETA con toda la fuerza de la ley "al margen de los tiempos, los objetivos -por legítimos que sean- o los límites de la política".

Para el fiscal general, la evidencia de una derrota irreversible no parece conducir a ETA al sentido común, sino a "una mayor irracinalidad, si cabe", como se ha visto hace unos días cuando la banda terrorista ha estado a punto de provocar una "carnicería" en la Universidad de Navarra. En su lucha contra el terrorismo, el fiscal general ha destacado la tarea de erradicar la presencia política "no de los que piensan de un modo u otro sino de los que apoyan o sustentan la vía terrorista para imponer su pensamiento".

Una de las prioridades destacadas por el fiscal general ha sido la ejecución de las sentencias, que implicará un mayor control por el Ministerio Público del cumplimiento de las condenas y la efectiva satisfacción de los derechos de las víctimas. Aunque ha reconocido que es un problema "complicado", ha señalado que se ha avanzado considerablemente en el análisis de la situación actual por lo que pronto impartirá a los fiscales una instrucción sobre la ejecución de las sentencias que aporte "criterios claros y eficaces".

Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

Conde-Pumpido ha pedido también a los grupos parlamentarios consenso para sacar adelante la renovación del proceso penal ya que, ha indicado, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sustituya a la de 1882 que permanece vigente, es una necesidad "inaplazable" para el prestigio, la estabilidad y la eficacia del ordenamiento jurídico español. En este sentido, ha recordado que la Justicia penal española soporta, según datos de la Comisión Europea, la mayor carga de trabajo de toda la Unión, por lo que ha considerado llegada la hora de "hacer frente a la Historia y asumir una tarea de auténtica renovación".

También ha hecho referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial que, según el fiscal general, contribuye a iniciar una nueva etapa "abierta a la profunda renovación de la Justicia que los ciudadanos esperan". En su comparecencia también ha destacado la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal con la que, ha dicho, se ha conseguido que el fiscal general pueda hablar ante el Parlamento tan objetivamente amparado en su autonomía como nunca lo hizo, ya que el Gobierno solo puede cesarle por una causa legalmente tasada.