Educación envía un requerimiento a Madrid para que paralice la alternativa a Ciudadanía

El Ministerio de Educación ha enviado un requerimiento al Gobierno de Madrid en el que le pide que suspenda las instrucciones dadas a los directores de Secundaria para que amparen las objeciones a la asignatura Eduación para la Ciudadanía, que por primera vez se imparte en esta comunidad, y en las que se detalla como alternativa "un trabajo" sobre la Constitución o "voluntariado" social en el centro. Este requerimiento es el paso previo antes de recurrir a la Justicia. Si en dos meses no hay respuesta por parte de Esperanza Aguirre, el departamento que dirige Mercedes Cabrera presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Educación pide así a Madrid que paralice las órdenes o instrucciones que articulan "cualquier alternativa" a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y le recuerda al Gobierno madrileño que esta materia "es obligatoria" y sus contenidos "están contemplados en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que fue aprobada por el Parlamento". Este trámite entre administraciones es una especie de mediación diplomática y supone el paso previo al recurso contencioso administrativo, que el Ministerio de Educación presentaría al TSJM, en el caso de que el Gobierno de Aguirre no conteste o asuma la petición en un plazo de dos meses.

El Ministerio de Educación considera que Madrid está "fomentando" la desobediencia a una ley, mientras que Madrid argumenta que Educación para la Ciudadanía y sus libros de texto son un intento de adoctrinar a los escolares en una conciencia moral concreta. En la Comunidad Valenciana, Educación también recurrió la orden con el contenido alternativo ante el Tribunal Superior de Justicia, que la suspendió de forma cautelar. Por su parte, un portavoz de la Consejería de Educación ha confirmado a este periódico que no han recibido dicho requerimiento y se han limitado a señalar que, una vez llegue y se analice el contenido, se valorará la actuación oportuna.

952 objetores

Sin entrar en el fondo del asunto, es decir, qué ficha va a mover Madrid ahora, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha asegurado que el Ejecutivo regional seguirá garantizando la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, informa Europa Press. "La postura de la Comunidad para la Educación para la Ciudadanía es el cumplimiento estricto de la Ley y la ley lo primero que garantiza, es la libertad de los padres a dar la educación que consideran oportuna a sus hijos, y eso es lo que vamos a seguir garantizando en la Comunidad", ha declarado.

Este curso es el primero que los institutos y colegios de la región imparten la asignatura, una hora semanal en 2º y 4º de la ESO, agotando el plazo previsto por la ley. Apenas unos días antes del inicio de curso, el Gobierno regional dio la orden a todos los directores de los centros, a falta de una sentencia firme del Tribunal Supremo, de que permitieran a los alumnos objetores no curar la materia. Según estableció el Gobierno de Aguirre, amparándose en "sentencias de tribunales superiores de otras comunidades", los alumnos que no acudan a las clases de Ciudadanía deberán realizar un trabajo individual sobre la Constitución y sus contenidos o un voluntariado "que la dirección considere beneficio" dentro del centro escolar.

De momento, en el registro de la Consejería de Educación hay contabilizadas alrededor de 10.800 objeciones, aunque no todas son efectivas ya que hay numerosos padres que la han presentado aunque sus hijos no están en los cursos donde se imparte Ciudadanía. Según informó la Comunidad de Madrid a principios de curso, de los cerca de 62.000 escolares madrileños de 2º y otros 53.000 de 4º de ESO que empezaron las clases el miércoles objetó menos del 1%. Es decir, 890 estudiantes de 86 centros. A día de hoy, según la consejería, el número ha aumentado y ya son 952 objetores.