Urkullu acatará la decisión del Constitucional sobre la consulta pero no descarta recurrirla
El dirigente del PNV asegura que no se van a "quedar quietos" y sugiere que pueden acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha asegurado el que el partido acatará la decisión que tome el Tribunal Constitucional sobre la ley de consulta, pero que no descarta recurrirla acudiendo incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Evidentemente, no nos vamos a estar quietos", ha dicho el dirigente nacionalista. La Abogacía del Estado recurrió ayer ante el alto tribunal la consulta promovida por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, una vez que fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.
Urkullu se ha quejado, durante de la actitud del presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, por solicitar la impugnación de la ley y ha criticado los "vaivenes" del Ejecutivo en la aplicación del Estatuto de Guernika.
El presidente del PNV ha precisado que su formación no quiere "poner el carro delante de los bueyes" y esperará a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, pero ha adelantado que se analizarán "las instancias judiciales que puedan caber". En este sentido, ha apuntado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "está entre las posibles" aunque previamente agotarán las vías de la justicia española.
El recurso presentado ayer por el Gobierno, al que después se sumó otro del Partido Popular, fue respondido con contundencia por el lehendakari, quien acusó a Zapatero de suspender el autogobierno vasco con esta decisión.
El límite del 15 de septiembre
Durante su comparecencia, Ibarretxe instó al tribunal Constitucional a decidir antes del 15 de septiembre, fecha límite para convocar la consulta soberanista. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado hoy que el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la normativa vigente, "ordenará posiblemente hoy mismo la suspensión de la consulta" convocada para el próximo 25 de octubre en el País Vasco.
"Se ha hecho cumplir la ley a través del recurso formulado por la Abogacía del Estado", según Conde-Pumpido que ayer pidió, en nombre del Gobierno, que se declare la inconstitucionalidad de la ley. Una vez suspendida, el tribunal tendrá que dictaminar sentencia en un plazo de cinco meses. En caso de agotarse este plazo impediría la celebración de la consulta, que tiene el 15 de septiembre como fecha máxima legal para ser convocada.
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