Aguirre propone a Solbes un decálogo para la financiación autonómica

La Comunidad de Madrid va a proponer al ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, un decálogo de propuestas ante la próxima reforma del Sistema de Financiación Autonómica. La primera de ellas exige que "la interpretación de los estatutos no suponga privilegios económicos y sociales para ninguna comunidad".

El decálogo, que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de Madrid, contempla asuntos ya reivindicados por el Ejecutivo madrileño. Uno de ellos es que se tenga en cuenta, a la hora del reparto, el número de habitantes de cada región y recuerda que, en la comunidad, "viven actualmente casi un millón más de personas que en 1999". El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, que ha explicado estas medidas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, ha precisado "la buena voluntad" de la Comunidad para consensuarlas. Y ha señalado que esta propuesta, que será remitido mañana mismo a la sede del Ministerio de Economía y Hacienda, resume la postura del Gobierno de Madrid. Es "irrenunciable", ha apuntado, que el modelo tenga en cuenta el criterio del aumento de la población, porque Madrid "ha rebasado en la actualidad los seis millones de habitantes". Y ha apuntado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se "olvida" de un millón de madrileños que utilizan los recursos públicos.

"Por unanimidad

En el segundo punto del decálogo propone que la reforma se consensúe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según establece la normativa vigente sobre coordinación financiera (LOFCA), y pide que el sistema de financiación se apruebe "por unanimidad: por el Estado y las comunidades autónomas, al igual que ocurrió con el modelo aprobado en 2002". "Esta es la mejor garantía de que el proceso de reforma se hace de manera transparente y ecuánime", ha apuntado González.

La incorporación al nuevo sistema los recursos económicos de la Atención a la Dependencia; la garantía de que sea "solidario, y garantizando la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, con independencia de su capacidad fiscal", y con los mecanismos suficientes para garantizar los recursos que las comunidades necesiten para prestar los servicios públicos a lo largo del tiempo, son otros de los puntos del decálogo.

Agencias Tributarias autonómicas, no

Contempla la necesidad de que el resultado del nuevo sistema sea "justo, lo que implica que la financiación por habitante no debe variar mucho entre las distintas regiones" y exige el cumplimiento del Principio de Lealtad Institucional. "El Estado -añade el punto ocho- debe compensar a las comunidades autónomas cuando su actividad legisladora conlleve mayores obligaciones de gasto o menores ingresos a alguna región". La propuesta número nueve pide que "se avance en el nivel de autonomía financiera y de corresponsabilidad fiscal, ampliando la cesión de los porcentajes de IRPF e IVA". Se reclama que se amplíen para todas las comunidades y "no sólo para alguna", actualmente se encuentran en el 35%, 33% y 40%, respectivamente. En el décimo punto se refiere a la mejora de las fórmulas de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de gestión tributaria, "manteniendo la distribución actual de competencias".

Igualmente, el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre expresa en ese decálogo su rechazo "más absoluto" a la creación de Agencias Tributarias en cada comunidad autónoma porque "un sistema con 17 agencias distintas generaría una descoordinación en el propio sistema tributario". Defiende, por el contrario, fórmulas de colaboración basadas en la distribución actual de competencias de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ya que "lo contrario -ha advertido González- supondría el caos".