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Los pleitos contra la Administración duran una media de cinco años

2008 acabará con 2,4 millones de litigios pendientes, según el Consejo General del Poder Judicial

La máxima de que la justicia debe ser rápida es, de momento, una utopía. La jurisdicción Contenciosa -que resuelve las demandas que ponen los ciudadanos contra decisiones de la Administración- y la Civil -los conflictos entre ciudadanos- son desesperantemente lentas. Un ciudadano que recurra, por ejemplo, una sanción administrativa (y que el asunto termine en el Tribunal Supremo) tendrá que esperar una media de cinco años hasta obtener su sentencia. Y con suerte. Son datos que figuran en la memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativos al año pasado y que hoy ha hecho públicos su presidente, Francisco José Hernando.

El informe revela, además, un fuerte atasco, que tiende a mejorar, en dos Salas del Tribunal Supremo: la Tercera de lo Contencioso ingresó 8.887 asuntos en 2007, pero tal es el atasco que padece de años anteriores que acabó ese mismo año con casi 15.000 asuntos. Y eso que durante 2007 los jueces resolvieron 11.451 asuntos. En realidad el caos se extrapola a la toda la jurisdicción contenciosa (juzgados, tribunales superiores y a la Sala Tercera del Supremo). Un dato: todos estos órganos ingresaron durante 2007 un total 265.968 asuntos y lo terminaron con 330.000, unos 67.000 más.

Los temas de extranjería (en enero de 2007 había 4,5 millones de inmigrantes empadronados en España) copan el 33,5% de los asuntos contenciosos. Un conductor insatisfecho con una sanción o un inmigrante en desacuerdo con una resolución administrativa no conocerá la sentencia definitiva, si el asunto llega al Supremo, hasta pasados 59 meses. El retraso no sólo está en el Supremo. Suponiendo que la sanción impuesta concluya en un tribunal superior de una comunidad, la media de retraso es de casi 35 meses.

Los pleitos civiles -conflictos entre ciudadanos- también soportan largas demoras. Tres años de media. El cuello de botella está en el Supremo, que tarda en resolverlo casi 28 meses, a los que hay que unir los tiempos en los juzgados inferiores. Y si ese pleito nace en Madrid, la espera media es de tres años y siete meses. Y eso con suerte, ya que la realidad es que hay muchos litigios que llegan a los cinco y seis años. La Sala Civil del Supremo ingresó durante 2007 un total de 3.519 asuntos, pero es que terminó ese mismo año con 7.262. El presidente del CGPJ y del Supremo -acompañado de los vocales Enrique López y Carlos Ríos y del jefe de la inspección del Consejo, José María Gil Sáez- ha avanzado hoy que confía en que, en 2009, las demoras en la Sala Civil del Supremo no excedan del año.

La jurisdicciones penal y laboral (despidos, convenios colectivos...) son más rápidas que las anteriores. En la primera (si el asunto acaba en el Supremo) la media es de dos años y seis meses, y en la penal, 16 meses. Lo que no impide que haya pleitos que duren años y años. Hernando ha señalado que "en Francia, Bélgica, Inglaterra u Holanda los procesos duran mucho más que en España".

Más litigios

El informe del Poder Judicial revela que la litigiosidad se ha elevado mucho en los últimos años. Y vaticina que 2008 terminará con un total de 2.455.829 asuntos judiciales pendientes de resolverse. A finales del presente año los litigios habrán aumentado un 2,6% respecto a 2007. En total, el Poder Judicial cifra en 8.557.571 los asuntos judiciales que se prevé sean incoados en los diferentes órganos judiciales españoles en 2008, de los cuales 1.556.136 corresponderán al ámbito civil, 6.376.024 al ámbito penal, 277.217 al contencioso-administrativo, y 347.858 al social. El portavoz del Consejo, Enrique López, ha aclarado que el hecho de que 2008 acabe con 2,4 millones de pleitos pendientes no significa que éstos estén parados.

López ha destacado la "gran laboriosidad de los jueces" a pesar, ha dicho, de que no se haya desarrollado la Oficina Judicial ni exista aún acuerdo sobre incremento de retribuciones, competencias éstas de Justicia. Hernando ha pedido una "acomodación a la realidad social y económica de España" de los juzgados.