La acusación pedirá más de 20 años para el supuesto asesino del alcalde de Fago

Los representantes legales de la familia del alcalde de Fago (Huesca) Miguel Grima, asesinado en enero de 2007 de un disparo en el pecho, y de la acción popular, en nombre del PP, solicitarán penas que suman más de 20 años de prisión para el presunto autor del crimen, el guarda forestal Santiago Mainar. Así lo han confirmado los letrados de ambas partes, tras ser informados del auto del juez de Jaca que pone fin a la instrucción del caso para que la fiscalía, las acusaciones particular y popular y la defensa presenten sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, previos a una vista con jurado.

Los letrados de la defensa y la acusación popular tienen previsto imputar a Mainar, también ganadero de profesión, los presuntos delitos de asesinato, de atentado a un funcionario público y de tenencia ilícita de armas. El abogado de la familia de Grima, Enrique Trebollé, ha explicado que en su escrito de calificación solicitará para el procesado condenas de 20 años de prisión por un presunto delito de asesinato en concurso con atentado, y de un año por tenencia de armas.

Trebollé ha indicado que una vez finalizado el proceso de elaboración de los escritos de conclusión será el "momento procesal" indicado por la Audiencia de Huesca para solicitar, sobre la base de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que Mainar sea juzgado por un tribunal profesional en lugar de por un jurado popular. Por su parte, el abogado de la acción popular en representación del PP, partido por el que se presentó Grima en las elecciones en que resultó elegido como alcalde de Fago, desveló que pedirá para Mainar condenas de 20 años de prisión por asesinato, de seis por atentado y de uno por tenencia ilícita de armas.

Tribunal profesional

Los escritos de acusación de ambos letrados serán precedidos por el de la Fiscalía de Huesca que, aunque no ha hecho públicas su petición de penas, se ha opuesto a que el procesado fuera juzgado por un tribunal profesional. Fuentes jurídicas han explicado que si la acusación pública mantuviera este criterio, su escrito de conclusiones se ceñiría a un presunto delito de asesinato, castigado con penas de hasta 20 años de prisión.

Por su parte, el letrado de la defensa de Mainar, el abogado Marcos García Montes, ha asegurado no tener constancia del auto de conclusión de la instrucción del caso, pero ha anunciado que se opondrá a que su cliente sea juzgado por un tribunal profesional. Este letrado ha explicado que la Audiencia de Huesca zanjó la cuestión, en respuesta a un recurso de la acción popular, al rechazar la posibilidad de modificar en ese momento el proceso de tramitación del caso por un jurado popular.

Ha añadido que, en su opinión, volver a plantear por las partes que Santiago Mainar sea juzgado por un tribunal profesional "sería, por tanto, un caso de mala fe procesal". En respuesta a este argumento, el letrado de la familia de Mainar ha indicado que aunque la resolución de la Audiencia de Huesca fue la de optar por mantener la tramitación de la instrucción por el procedimiento del jurado, dejó abierta la opción de plantear su conversión en un sumario ordinario tras la presentación de los escritos de conclusiones.