Marlaska ordena a la alcaldesa de Hernani que retire el nombre de un etarra a un parque

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha ordenado a la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia (ANV), que retire el nombre del etarra José Manuel Aristimuño, alias Pana, de un parque de la localidad guipuzcoana, así como su referencia del callejero municipal.

El juez también ha ordenado a la Ertzaintza que retire todos los "signos públicos" referentes a Aristimuño, en concreto, ha detallado, el monolito que está erigido en el parque y la placa donde figura el nombre del etarra.

En un auto hecho público hoy, el magistrado señala que es "indiscutible que poner el nombre de un parque a un miembro de la organización terrorista ETA supone necesariamente un acto de reconocimiento personal y como tal de validar el uso de la violencia para la consecución de fines supuestamente políticos".

La alcaldesa alega que tenía 14 años

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha tomado declaración esta mañana a Beitialarrangoitia a raíz de una querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia. La asociación acusa a Beitialarrangoitia de mantener el nombre del etarra José Aristimuño en un parque de la localidad gipuzcoana de casi 20.000 habitantes, así como la designación de Gudaris ("soldados vascos") en una plaza.

Beitialarrangoitia se ha acogido a su derecho a no declarar, por lo que no ha respondido a las preguntas de las acusaciones (que engloban a Dignidad y Justicia, el Foro de Ermua y las familias de cuatro asesinados por Aristimuño) pero sí ha efectuado una alegación voluntaria para señalar que cuando se dio el nombre del etarra al parque ella tenía 14 años y que, en 1988, cuando se creó la plaza de los Gudaris tampoco formaba parte de la Corporación municipal. Sobre esta plaza ha añadido que vincularla ETA es desconocer la historia porque se refierere a 200 vecinos de Hernani fusilados en la Guerra Civil.

La alcaldesa también ha dicho que todos los demás concejales de Hernani (PNV, EA, EB, PSOE y PP) conocían la causa presentada contra ella y que ninguno ha solicitado un pleno para ordenar la retirada de los nombres, sin que por ello hayan sido citados a declarar.

La Fiscalía no respalda el procedimiento

Las acusaciones han solicitado esta mañana como medida cautelar la retirada de las placas del callejero municipal, algo a lo que se ha opuesto el fiscal Pedro Rubira al considerar que, siendo "legítima" la petición, el procedimiento empleado no es el adecuado y debe hacerse por la vía de lo contencioso-administrativo. El abogado de Beitialarrangoitia se ha expresado en similares términos.

En el auto de citación el juez señalaba, en contra del criterio de la Fiscalía y de alguno de sus compañeros de la Audiencia Nacional, que anteriormente archivaron causas similares, que es delito no sólo "acordar dar el nombre de una calle a un miembro de ETA", lo que conlleva "un reconocimiento personal" del terrorista, sino también "mantener dicha resolución", como ha hecho la alcaldesa de la localidad.

La Fiscalía ya se pronunció en su momento a favor del archivo de esta querella al entender que Beitialarrangoitia no cometió delito alguno porque no formaba parte del consistorio que decidió otorgar los citados nombres a las vías de la localidad.

Pero Grande-Marlaska entendió que los hechos denunciados tienen "naturaleza criminal", al existir todavía esas vías con nombres de etarras, lo que representa "un reconocimiento a su trayectoria vital, con riesgo de que terceras personas elijan tal vía de comportamiento", y, además, "con un espíritu innegable de menosprecio a las víctimas". Al decidir mantener esos nombres, Beitialarrangoitia "asume su contenido esencial", según el juez.

José Manuel Aristimuño, Pana, pertenecía al comando de ETA que acabó con la vida del jefe de la Policía foral alavesa, el comandante Jesús Velasco Zuazola, ametrallándole ante dos de sus cuatro hijas en enero de 1980. Al año siguiente, Aristimuño murió en un enfrentamiento con la policía y, en 1982, un pleno del Ayuntamiento de Hernani, decidió dedicarle un parque. Dignidad y Justicia ha presentado denuncias similares en los municipios de Zizurkil y Tolosa (Guipúzcoa), Arrigorriaga, Durango, Amorebieta y Lejona (Vizcaya) y Etxarri-Aranaz (Navarra).