El Tribunal de Justicia de la UE opina que el País Vasco puede fijar una fiscalidad propia
En sus conclusiones sobre el recurso presentado contra las 'vacaciones fiscales', determina además que el caso corresponde a la Justicia vasca
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), Juliane Kokott, ha dictaminado que el País Vasco puede fijar una fiscalidad propia más favorable que la del resto del Estado español porque dispone de suficiente autonomía en el ejercicio de sus competencias legislativas en materia tributaria. Así, Kokott no ve razones para cuestionar la autonomía de Euskadi para decretar las llamadas vacaciones fiscales, pero cree que, en todo caso, corresponde a la Justicia vasca decidir si las medidas decretadas en 2005 fueron o no contrarias a la legislación de la Unión. Este dictamen no vincula a la corte europea pero que los jueces lo siguen en una gran mayoría de los casos.
Las conclusiones presentadas esta mañana por Kokott en Luxemburgo se refieren a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en septiembre de 2006 sobre las ventajas fiscales a las empresas decididas por las tres Haciendas vascas en 2005. El Tribunal vasco reclamó al europeo que aclarara si, de acuerdo con la legislación de la UE, la fiscalidad vasca puede ser diferente a la vigente en el resto de España. Para ello, se basaba en el precedente establecido por la sentencia sobre la fiscalidad de las islas Azores, que abría esa posibilidad y determinaba en qué condiciones pueden los entes distintos a los Estados fijar su propia fiscalidad.
La abogada general señala que, de acuerdo con la legislación comunitaria, las medidas tributarias de una entidad infraestatal de un Estado miembro que se aplican indistintamente a todas las empresas sometidas a su soberanía tributaria y que son más beneficiosas que las vigentes en el resto del territorio del Estado no favorecen a determinadas empresas si la entidad infraestatal dispone de suficiente autonomía en el ejercicio de sus competencias legislativas en materia tributaria.
Esta autonomía requiere cuatro condiciones y, según la interpretación de la abogada general, el País Vasco cumple las cuatro. La primera sería que la entidad infraestatal tenga autonomía institucional. A este respecto, Kokott señala que ni el tribunal remitente ni quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia -entre otros La Rioja y Castilla León- tienen duda alguna sobre la autonomía institucional del País Vasco y sus instituciones. El segundo requisito es que el Estado central no tenga ninguna posibilidad de intervenir decisivamente en el procedimiento de adopción de las normas tributarias territoriales. En cuanto a esta cuestión, la abogada general entiende que de las disposiciones de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del Concierto Económico no se desprende que el Gobierno central tenga la facultad de decidir en última instancia.
En tercer lugar, la entidad infraestatal debe disponer de un amplio margen para configurar las disposiciones tributarias que le permita perseguir fines de política económica propios. En el documento, Kokott considera que corresponde al TSJPV determinar si se cumple este requisito, es decir, que la propia Justicia vasca debedeterminar si fueron o no "selectivas" y, por lo tanto, si constituyeron ayudas de Estado prohibidas por el Tratado comunitario.
No obstante, rechaza la alegación de que los Territorios Históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya carecen de suficiente autonomía porque sus disposiciones están sometidas a un control jurisdiccional. En su opinión, mientras dicho control se limite a la observancia de los límites que las disposiciones nacionales establecen a la libertad de los legisladores territoriales para configurar su normativa, y mientras dicho control no se extienda a la utilidad de las normas tributarias infraestatales, no supone una limitación adicional de la autonomía de dichas entidades.
Finalmente, la entidad infraestatal debe asumir las consecuencias económicas de la merma de recaudación que pueda derivarse de las normas más favorables que difieran de la normativa del Estado central. Kokott reconoce que es difícil determinar en qué medida los ingresos fiscales de los Territorios Históricos y las modificaciones resultantes de las nuevas medidas fiscales han influido en el importe de las transferencias económicas realizadas por ellos o por la Comunidad Autónoma del País Vasco al Estado. Además, añade que las explicaciones proporcionadas por quienes han presentado observaciones dan la impresión de que la determinación del cupo obedece, en definitiva, a un compromiso político y no es consecuencia directa de la modificación de determinados parámetros económicos, como, por ejemplo, la cuantía de los ingresos tributaris.
En cualquier caso, según Kokott, si el TSJPV concluye que las modificaciones de la cuantía de los ingresos tributarios de los Territorios Históricos no han influido en el importe del cupo y no se aplican otro tipo de mecanismos compensatorios, habría que afirmar que los Territorios Históricos disponen de autonomía económica suficiente. La opinión de la abogada general no vincula al Tribunal de Justicia. Su función consiste en proponer, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa, aunque en una gran parte de los casos el Tribunal de Justicia de la UE sigue sus recomendaciones. Los jueces del TUE comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
