La abogada de la UE cree que la M-30 pudo incumplir las normas medioambientales

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha considerado, en un dictámen hecho público hoy, que las obras de la M-30 de Madrid podían haber estado obligadas a pasar un examen previo de impacto medioambiental similar al de carreteras interurbanas, por lo que la tramitación medioambiental de la monumental reforma pudo incumplir las normas europeas. Sin embargo, la letrada delega la decisión en la Justicia española.

El truco usado por el Ayuntamiento de Madrid para evitar el estudio ambiental fue el cambio de la calificación de la M-30 de carretera a vía urbana. El 4 de marzo de 2004 nació la Calle 30, denominación atípica para una autopista de hasta seis carriles. El cambio se produjo a sólo 10 días de las elecciones generales en las que el PP perdió el poder, momento en que el Ministerio de Fomento traspasó la M-30 al Ayuntamiento. Además, la obra se troceó en 19 tramos. El más largo tenía cuatro kilómetros y 900 metros. A partir de cinco la ley madrileña obliga a realizar un informe de impacto.

La jurista cree que debe ser la justicia española la que dictamine si en la práctica se cumplieron las obligaciones que marca la directiva europea en este ámbito o no. La Abogada General de la Corte con sede en Luxemburgo ha respondido así a una cuestión prejudicial planteada a principios de 2007 por un juzgado madrileño, con el objetivo de esclarecer si la reforma de la M-30 cumplió con las normas comunitarias tras una denuncia de Ecologistas en Acción.

La opinión de la Abogada, que en la mayoría de los casos anticipa la sentencia definitiva del Tribunal, señala que en determinados casos una obra urbana puede necesitar de los estudios de impacto requeridos por la UE, pese a que la interpretación española de la directiva los limita a las carreteras interurbanas. En concreto, serían obligatorios en el caso de la construcción en zona urbana de autopistas o vías rápidas, de vías de cuatro o más carriles o cuando una carretera de dos carriles o menos se amplía para tener cuatro o más.

En el caso concreto de la M-30, la Abogada reconoce que se trata de un proyecto de reforma y no de una vía nueva, pero considera que en vista de sus repercusiones medioambientales puede equivaler a la construcción de una nueva carretera. Además, afirma que en caso de que varios proyectos presentados como obras independientes puedan afectar significativamente al medio ambiente, su impacto se deberá evaluar de forma global, y asegura que los posibles efectos positivos de una obra no eliminan la necesidad de evaluar las consecuencias negativas que pueda tener. Sin embargo, la Abogada señala también que, en principio, "la evaluación reglada del impacto medioambiental puede ser sustituida por medidas equivalentes, siempre que éstas respeten ciertas exigencias mínimas".

Así, considera que el Tribunal de Justicia comunitario "se

halla en la imposibilidad" de dictaminar si el Ayuntamiento madrileño cumplió con sus obligaciones. En 2006, la Comisión Europea emprendió un proceso de infracción contra el proyecto de la M-30 -que implica también a la Comunidad de Madrid en tanto que autoridad ambiental responsable- al entender que no estaba respetando la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, Bruselas archivó el proceso en 2007 tras pactar con las autoridades responsables un calendario para realizar los estudios de impacto obligatorios. Por el momento, y aunque ha detectado retrasos, la CE considera que Madrid está cumpliendo los acuerdos.

Tras la opinión de la Abogada General dada a conocer hoy,

los jueces europeos deberán pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid que trata el litigio entre Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento. Una vez que tenga el pronunciamiento del la Corte con sede en Luxemburgo, será el tribunal madrileño el encargado de dictar sentencia sobre el caso.