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Condenado a tres años el joven que causó dos muertes en una carrera ilegal en Zaragoza

Irá también a prisión su primo, con una pena de 18 meses de cárcel, conductor del segundo vehículo implicado en la carrera

Un joven de 22 años ha sido condenado por un juzgado de lo penal a tres años de cárcel y a pagar en indemnizaciones 230.000 euros como responsable de provocar un accidente de tráfico en una calle de Zaragoza, cuando disputaba una carrera ilegal con otro vehículo, en el que hubo dos muertos y dos heridos graves.

Junto a Javier G.G., de 22 años, en la sentencia, hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se condena también a 18 meses de prisión a Diego G.G., de 21 años y primo del anterior, por un delito contra la seguridad del tráfico, que conducía el segundo vehículo implicado en la carrera ilegal, la medianoche del 17 de julio de 2005.

El juez considera probado, a tenor del testimonio de varios testigos protegidos, que ambos jóvenes se pusieron en paralelo a la altura de un semáforo en rojo situado en el acceso al Puente de la Unión e iniciaron una carrera a más de 120 kilómetros por hora, para dirigirse al Camino de Torres, que llevó a uno de ellos a perder el control de su coche y a empotrarse contra un turismo en el que viajaban, en dirección contraria, las cuatro víctimas. La vía tenía un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.

La seguridad vial, clave en la seguridad colectiva

En su resolución, el tribunal considera que la conducción de ambos resultaba "alarmante para cualquiera, con un riesgo elevado de siniestralidad; en definitiva, con una temeridad patente para terceras personas".

El juez imputa a Javier G.G., un delito contra la seguridad del tráfico, dos de homicidio por imprudencia grave y otros dos de lesiones, así como a pagar las indemnizaciones, de las que hace responsable subsidiario a su padre y directo a su compañía aseguradora, que las ha consignado en su mayor parte.

"La intensidad y magnitud del tráfico automovilístico en las sociedades industrializadas -asegura el juez- ha determinado que la seguridad vial se configure como uno de los intereses más relevantes para la seguridad colectiva, y de ahí la necesidad de responder penalmente ante comportamientos insolidarios que son creadores de riesgos socialmente inaceptables".

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