'No' a la liberalización de horarios

La Confederación de Comercios Especializado (COCEM) y la Confederación Española de Comercio (CEC) han alertado hoy de que el proyecto de Ley de Modernización del Comercios, que pretende sacar adelante la Comunidad de Madrid y que contempla la posibilidad de dar libertad a los comerciantes para que elijan el horario de apertura y cierre, provocará la pérdida de 100.000 puestos en la región. Estas asociaciones de comerciantes califican la reforma de "humillante" e "injusta" y "propia del siglo XVIII", al tiempo que critican que no se haya negociado. Esperanza Aguirre asegura haber pactado la reforma con la Cámara de Comercio y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

Ambas organizaciones advierten de que si el Gobierno regional finalmente aprueba este proyecto, tomarán una serie de medidas entre las que se encontrará pedir la dimisión del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, porque consideran que no ha defendido los intereses de los pequeños comerciantes. La Comunidad de Madrid anunció la semana pasada que está estudiando aprobar un proyecto de Ley que, entre otras cosas, baraja la posibilidad de que no existan las limitaciones horarias máximas actuales que se establecían para el ejercicio de la actividad comercial, tanto con carácter semanal (máximo de 90 horas), como diario (cierre entre 00.00 y 7.00 , y 12 horas de apertura máxima los días festivos), haciendo uso de las atribuciones reconocidas por la legislación básica estatal en materia de horarios comerciales.

La normativa ha levantado ampollas entre los pequeños empresarios que entienden que es una Ley que devuelve al comercio a la situación por la que atravesaba hace 100 años y que esclavizará tanto al dueño del negocio como a sus trabajadores. Además, piensan que detrás de ella se encuentra la intención de abrir todos los domingos y festivos del año en 2009, en lugar de los 22 establecidos actualmente. En rueda de prensa, el presidente de la COCEM, Hilario Alfaro, ha explicado que con este borrado el Ejecutivo autonómico "no logrará crear ni un solo puesto de trabajo", sino que eliminará más de 100.000. A su juicio, esta Ley, que es "ridícula" y no ha sido reclamada "por nadie", obligará a los comerciantes a cambiar los hábitos de venta. Alfaro considera que hasta el mismo título de la Ley es "ofensivo", puesto que habla de modernizar el comercio cuando el comercio madrileño "ya está modernizado y prueba de ello es que puede competir con el de cualquier ciudad europea". "Lo que debería hacer la Comunidad de Madrid es modernizar la actual Ley del Comercio y no explotar nuestro sistema de vida", ha argumentado.

Niegan que haya consenso

Tras asegurar que los comerciantes desconocen por qué el Gobierno regional se ha "metido en un charco" como éste, ha apuntado que los pequeños y medianos comercios se sienten "engañados", ya que esta medida no estaba incluida en el programa electoral con el que Esperanza Aguirre se presentó a las elecciones de 2007. Además, ha criticado que el borrador "no ha sido consensuado" con ninguna organización, sino tan sólo por el presidente de la CEIM, Arturo Fernández, y por el de CECOMA, Salvador Santos Campano, por las relaciones que mantienen con el Ejecutivo madrileño. "La situación es tal que hemos ofrecido a los vicepresidentes de CECOMA que abandonen su organización y se vengan a COCEM, donde sí velamos por los intereses de los comerciantes y no por los políticos o personales", ha agregado.

Finalmente, el presidente de COCEM ha recordado que la ley que pretende impulsar el Gobierno autonómico se parece a la que desarrolló en sus tiempos Miguel Boyer. "Al igual que le pasó a Boyer, la Comunidad de Madrid tendrá que dar marcha atrás en este proyecto por la escabechina que van a cometer", ha sentenciado, no sin antes subrayar que las reivindicaciones de los afectados por esta Ley están siendo apoyadas por comerciantes de 16 comunidades. Por su parte, el presidente de la CEC, Pedro Llorens, ha declarado que Madrid está presidida por una persona "que no cree en la concilación de la vida familiar y laboral" y que devuelve al comercio a la situación del "siglo XVIII". Así, ha indicado que en 1904, Alfonso XIII ya prohibió trabajar los domingos y festivos "cuando ahora Aguirre incita a lo contrario".

Desde su punto de vista, esta normativa solo beneficia a las grandes superficies "que se llevan el dinero a su país", en lugar de facilitar la labor de los pequeños comercios que crean empleo y riqueza para la región. Las palabras de Llorens han estado apoyadas por las del secretario general técnico de la confederación, Miguel Angel Fraile, quien ha aportado datos que apuntan a que la región es la comunidad que más centros comerciales reúne. Los representantes de la CEC y de COCEM han estado respaldados por sus representantes en otras comunidades autónomas, como el de Castilla y León, quien ha pedido que una medida de estas características no llegue a su región.