Cae la mayor red española de tráfico de mujeres rusas con 76 detenidos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado la mayor red de tráfico de mujeres rusas para su explotación sexual y cuyo destino final era España y otros países de la Unión Europea. En esta última fase de la operación Zarpa han participado más de 70 policías y ha concluido con la detención 24 personas acusadas de delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, agresiones sexuales o blanqueo de dinero, entre otros. Además, 60 mujeres han sido detenidas por infracción a la Ley de Extranjería en distintos clubes de El Ejido y Roquetas de Mar (Almería).

Esta investigación policial comenzó en noviembre de 2006 y, de momento, hay ya 76 personas detenidas imputadas en diversos delitos relacionados con la trata de mujeres y su explotación sexual en las provincias de Almería, Granada, Lérida y Gerona. Además, 400 personas, en su mayoría mujeres, han sido detenidas por estancia irregular y otras 53 han sido imputadas en Rusia como miembros de esta organización criminal cuya única finalidad era el lucro obtenido con la trata de mujeres desde Rusia para su posterior explotación sexual en España y otros países de la unión europea.

La operación Zarpa I se desarrolló en el mes de abril de 2007, en junio de ese año concluía Zarpa II y a comienzos del presente mes los agentes ponían en marcha el ultimo dispositivo policial para detener al resto de miembros de la mayor red de trata de mujeres. Esta fase ha sido posible gracias a los numerosos datos, indicios, pruebas, declaraciones y denuncias de víctimas obtenidas por los investigadores en las fases precedentes. Así se han destapado nuevas ramificaciones de la organización en la provincia almeriense, relacionadas con establecimientos de ocio nocturnos dónde las mujeres eran explotadas sexualmente.

Blanqueo del dinero

Los investigadores han determinado que esta red criminal en España estaba compuesta por parejas sentimentales o matrimonios hispano-rusos, a su vez propietarios o explotadores de los locales públicos de alterne. El hombre era generalmente el encargado de la gestión del local y su pareja la responsable de contactar con los traficantes o captadores de víctimas y controlar a las mujeres explotadas sexualmente.

Como norma general, el pago por cada víctima se realizaba mediante envíos monetarios a Rusia, donde aparecen diferentes remitentes y beneficiarios. Cada envío no superaba nunca los 3.000 euros para evitar ser fiscalizados por las autoridades monetarias rusas o españolas. Según los análisis de los investigadores, desde el año 2006 hasta la fecha actual, el dinero remitido a Rusia por la red podría superar los 2.000.000 de euros.

La organización había creado entidades societarias, mediante testaferros u hombres de paja, para gestionar y dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita desarrollada en los clubes o locales de alterne. Blanqueaban el dinero obtenido irregularmente mediante la compra de numerosos bienes muebles e inmuebles que constan en los registros de la propiedad a nombre de los imputados como integrantes de la organización en España.

Estas sociedades permitían a su vez que miembros de la organización criminal de origen ruso obtuvieran permisos de residencia y trabajo en España, acreditando ante la Administración el requisito imprescindible de la oferta o precontrato de trabajo a nombre de dichas empresas.

Retenidas en pisos "patera"

Las declaraciones de las víctimas y los registros practicados demuestran que las mujeres eran tratadas como simple "mercancía" para la obtención de beneficios económicos por y para los explotadores. Hechos que quedan evidenciados al observar los domicilios o pisos "patera" donde alojaban a las víctimas. Las viviendas eran convertidas en "almacenes de personas", en las que cualquier espacio físico era utilizado como dormitorio, acoplando en cada habitación el máximo número de camas con la finalidad de albergar al mayor número posible de mujeres. En alguna vivienda de tres dormitorios los agentes llegaron a contabilizar hasta trece camas. Además, las mujeres debían respetar unas normas ineludibles bajo la amenaza de "multas" económicas.