Los jueces de la Audiencia Nacional rechazan que los fiscales puedan ordenar investigaciones "paralelas"

Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional decidieron hoy rechazar de plano la posibilidad de que los fiscales puedan ordenar investigaciones penales cuando ya existe una judicialización del caso por parte de los magistrados.

Los jueces Santiago Pedraz, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Baltasar Garzón -Ismael Moreno está de vacaciones y Juan del Olmo se encuentra trabajando en París- aseguraron hoy a través de un escrito que la medida propuesta por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, daría lugar a "investigaciones paralelas, sin control judicial y con riesgo de grave solapamiento de la investigación dirigida por el juez".

Ésta es la reacción oficial de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional a la circular enviada ayer por Conde-Pumpido a todas las fiscalías de España, en la que invitaba a los fiscales a ordenar investigaciones a la policía judicial aunque un juez de instrucción ya tenga abierto un procedimiento por el mismo caso.

Los magistrados, que se reunieron hoy cerca de media hora en la Junta de Jueces, decidieron rechazar "toda posibilidad de aceptar como válidas las diligencia que, practicadas por el Ministerio Fiscal, no hayan sido previamente solicitadas y ordenadas por el juez de instrucción".

Garzón, Grande-Marlaska, Andreu y Pedraz recuerdan que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez de instrucción "es el único que dirige el procedimiento penal en fase sumarial".

En este sentido, señalan que el artículo 773.2 de la citada ley, que establece que "cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos", es "claro y contundente".

Pero los jueces van más allá y advierten de que las pruebas obtenidas en una investigación penal ordenada por la Fiscalía al amparo de la instrucción de Conde-Pumpido podrían "estar afectadas de nulidad" de cara a la celebración de un juicio.

Por último, los magistrados decidieron comunicar su postura a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como a las Juntas de Jueces de toda España.