Decenas de miles de cazadores se manifiestan en Madrid contra la Ley de Patrimonio Natural
Los organizadores sostienen que es un texto "intervencionista" y rechazan la prohibición de usar plomo en los humedales.
Cerca de 40.000 cazadores y agricultores, según cifras de la Policía Nacional, se han manifestado este mediodía en Madrid para exigir la retirada de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. La protesta se ha organizado cuatro meses después de la aprobación del texto, el pasado noviembre, y a una semana de las elecciones generales. Los convocantes, entre ellos la Real Federación Española de Caza (RFEC), han querido mostrar así el rechazo del sector contra una ley que consideran "intervencionista" y elaborada sin contar con su opinión. Entre sus principales críticas está la prohibición de cazar con munición de plomo en los humedales y además exigen una revisión de la Red Natura 2000 y la creación de un Consejo Nacional de la Caza.
Cuatro tractores de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y una pancarta que rezaba 'Por el campo, la caza y la conservación' encabezaban la manifestación, que ha comenzado a las 12.00 en la plaza de Lima y ha avanzado hasta la sede del Ministerio de Medio Ambiente, pasando por el Paseo de la Castellana. La medida más criticada por los cazadores es la prohibición de usar munición de plomo en humedales y zonas húmedas. Consideran que tal regulación comportaría la prohibición de la actividad cinegética en un 30%.
Increpaciones a Narbona y Zapatero
Una furgoneta de Asaja con varios altavoces arengaba a los manifestantes con increpaciones a la ministra Narbona y alguna al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Pero siempre en el sentido político", añadía burlonamente la voz del locutor. Se podían ver decenas de banderas de todas las comunidades autónomas, desde Andalucía al País Vasco, rodeadas por el clamor de varias trompetas repartidas por la organización.
Detrás de ese primer grupo les seguían los halconeros y cetreros y después, los arqueros con sus trajes típicos. Los perros de los galgueros, unos 500 en total, han estado también muy presentes en la concentración. Los asistentes tenían prohibido explícitamente llevar armas reales o simuladas y sólo podían pasear un máximo de dos perros.
Frente a la sede del Ministerio se ha instalado una tribuna desde la que los organizadores han leído un manifiesto. Junto al presidente de RFEC, Antonio Gutiérrez, han asistido el de Asaja, Pedro Barato, y el de la Oficina Nacional de Caza, José Antonio Sarasketa.
"Exigimos un respeto", ha clamado Gutiérrez. "Aquí estamos los del campo, los de a pie. Los que vamos por el campo y lo queremos", ha asegurado, ante la multitud concentrada frente al Ministerio. "Esto es un ejemplo de pluralidad política porque aglutina a todas las tendencias políticas". Gutiérrez también ha negado que la manifestación esté "politizada" ni que sea "electoralista", y ha precisado: "Si no hay cambios [en la próxima legislatura], nos volveremos a manifestar esté el Gobierno que esté".
Contra la legislación actual
Los convocantes deploran que la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad se ha planteado sin tener en cuenta a los más de un millón de cazadores federados de España. Los convocantes sostienen que esta ley permite a la Administración apropiarse de terrenos y cotos de caza, y que trata a los perros como ganado y gestiona mal los entornos protegidos. "Es necesaria una legislación ajustada a la de la UE y a los convenios internacionales ratificados por España y que los cazadores estén en los organismos autonómicos, nacionales e internacionales", ha subrayado Antonio Gutiérrez, presidente de RFEC.
También critican que con esta ley se recorta la media veda y la caza de migratorias, se prohíben modalidades de arraigada tradición y se restringe la normativa de armas. Lo que supone un conjunto de medidad que rechazan de plano. "Estamos hartos de ser los paganos de la conservación y vamos a demostrar nuestra capacidad de respuesta. ¡No más ataques! ¡Defiédete!", subraya el manifiesto.
Pero además se sienten defraudados porque no se dé una solución a la gran diversidad de normativas que existen según la comunidad autónoma en la que se esté.
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