El PSOE pide que se impute a 14 altos cargos por agilizar expedientes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, personado como acusación particular en el caso Guateque, ha pedido hoy al juez Santiago Torres, que investiga la supuesta trama de corrupción, que cite como imputados a 14 "cargos superiores" que supuestamente ordenaron adelantar expedientes relacionados con la concesión de licencias. En un escrito presentado hoy al Juzgado, los socialistas recuerdan que en el careo mantenido el día 4 por los imputados Victoriano Ceballos y David Jiménez, el primero aseguró que los expedientes sólo se adelantaban "por orden de los superiores".

"Tras esa afirmación, y a la pregunta de si podía decir los nombres de quienes ordenaban adelantar expedientes, se remitió a las 'notas (de los expedientes) en las cuales se indicaba que se adelantara el expediente', añadiendo que en esas notas 'se ponía el nombre de la persona física que se había interesado por el expediente concreto'", señala el escrito.

El Grupo Municipal Socialista considera que los "cargos superiores", no administrativos sino políticos, a los que se refiere Ceballos "han utilizado su cargo público para favorecer a determinadas personas físicas o jurídicas, titulares de las licencias que tramitaban ante el Ayuntamiento de Madrid, rompiendo con ello el principio de igualdad entre los ciudadanos". Agrega que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias.

Actividades prohibidas a los funcionarios

Entre las personas que los socialistas piden que sean citadas como imputadas figuran los concejales de las Juntas de Distrito de Chamartín, Salamanca y San Blas, Luis Miguel Boto, Iñigo Henríquez de Luna y José Enrique Núñez Guijarro, respectivamente. Además están el director general de Calidad, Control y Evaluación Ambiental, Manuel Tuero; el director general de Evaluación Urbana, Ramón Enrique Sánchez; el jefe de departamento de Calidad del Aire, Salvador Castromil; el jefe de departamento de Evaluación Ambiental, Joaquín Fernández de Castro; y el coordinador general de Medio Ambiente, Ignacio López Galiacho.

Los otros seis ejercieron como gerentes de las Juntas Municipales de Distrito de Chamartín, Ciudad Lineal, Barajas, Salamanca, Arganzela, Chamberí y San Blas en la legislatura 2003-2007. El Grupo Municipal Socialista precisa que aunque Fernández de Castro está ya imputado en la causa y ha prestado declaración ante el juez, debería ser citado otra vez "de considerarse que el contenido del presente escrito constituye una nueva y distinta imputación".

Esta parte ha solicitado también hoy al juez Torres que impute asimismo un nuevo delito a Ceballos después de que la arquitecto técnico María del Pilar García admitiera el día 15 que este funcionario "prestaba servicios profesionales remunerados para ella, consistentes en la elaboración y preparación técnica" de los proyectos que le eran encomendados a ella por distintos clientes. Los socialistas consideran que estos hechos pueden constituir un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos.