Un juicio por acoso laboral contra la Administración paraliza una sanción de Trabajo de 40.000 euros

Un juicio por acoso laboral en la Administración, contra una jefa del Servicio de Carreteras de Lleida del Departamento de Política Territorial, por su trato a una trabajadora entre 1996 y 2005, tiene paralizada una propuesta de sanción de Inspección de Trabajo contra la Generalitat de 40.000 euros, por un ataque a la dignidad de los trabajadores.

Así lo han declarado hoy en la vista oral celebrada en el Juzgado Penal número 2 de Lleida las inspectoras que llevaron el caso. Ambas propusieron dos sanciones, una de 5.000 euros y otra de 40.000.

La primera fue revocada por la actual consejera de Trabajo, Mar Serna, en su época de directora de Relaciones Laborales de la Generalitat, con el argumento, entre otros, de que una administración no podía sancionar a otra. La segunda quedó paralizada por la apertura del juicio.

La vista oral ha comenzado con la declaración de la acusada, Teresa C.E., que desde hace unos meses ya no trabaja en su anterior puesto, aunque sigue haciéndolo para el mismo Departamento. En su declaración ha negado haber ordenado a la presunta víctima trabajos de inferior categoría, como los

de conserje, ni haberla amenazado con expulsarla.

"Tonta inútil, no sirves para nada"

La denunciante, B.S.M., que entró con 19 años a trabajar, entonces en el Ministerio de Obras Públicas, y que ha estado de baja durante largos periodos, ha asegurado que le llamaba "tonta", le decía que no

servía para nada, le cronometraba el tiempo, le obligó a hacer de conserje y la amenazó con abrirle un expediente, además de obligarle a archivar expedientes muy antiguos. En su declaración ha asegurado que la acusada le decía: "Tonta inútil, no sirves para nada".

Una compañera de trabajo, Montserrat Sierra, ha afirmado haber escuchado también insultos. "Oí que le insultaba, que le estaba llamando tonta, le decía que por mucho que le enseñara nunca aprendería nada". Sobre los expedientes antiguos a los que hizo referencia la acusada, las inspectoras de trabajo, ahora trasladadas a Cáceres y Asturias, han dicho que algunos eran tan viejos que se deshacían en las manos.

"Menosprecio y acoso"

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre 1996 y 2005 Teresa C.E. mantuvo hacia la víctima una actitud continua de "menosprecio y acoso con la finalidad de que abandonara el puesto de trabajo". El escrito agrega que a consecuencia de este trato, la oficial administrativa tuvo que pedir la baja en febrero de 2002 por un trastorno de acoso moral y psicológico.

La fiscal apunta que aunque después se incorporó a su puesto de trabajo, desde entonces ha pedido bajas en mayo de 2003, en agosto de ese año y en abril de 2004, cuando estuvo de baja hasta enero de 2005.