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A Coruña prohíbe el botellón en el centro de la ciudad

La ordenanza fija multas de entre 750 y 3.000 euros

Horas después de un macrobotellón con miles de jóvenes en la exigua plaza del Humor, en el corazón de A Coruña, el gobierno local ha aprobado su propuesta de ordenanza municipal para regular las concentraciones nocturnas en las calles que generan una viva polémica de los vecinos afectados. Contrario a prohibiciones tajantes como la de impedir todo consumo de alcohol en la vía pública, el ejecutivo bipartito del PSOE y BNG que gobierna la ciudad adopta por una fórmula intermedia.

La ordenanza "prohíbe e impedirá las concentraciones de personas" entre las 23 y las 7 horas pero siempre y cuando supongan "alterar la normal convivencia ciudadana", se organicen "en torno al consumo de bebidas alcohólicas" y se lleven a cabo "conductas que perturben el derecho de las personas al descanso nocturno".

En una ciudad rodeada por el mar como A Coruña sobran espacios públicos abiertos, apuntan fuentes del Ayuntamiento. Las sanciones para quienes participen en botellones que perturben la convivencia ciudadana varían entre los 3.000 y 750 euros. El pago de las multas podrá ser sustituido por la realización de trabajos o actividades en beneficio de la comunidad. Los infractores deberán también participar en cursos sobre la prevención del consumo de alcohol y de los efectos vandálicos.

A Coruña es la primera de las sietes ciudades gallegas que adopta medidas contra un fenómeno social que provoca quebraderos de cabeza a los alcaldes de las grandes urbes. La nueva ordenanza municipal, que pretende regular "la convivencia y el ocio en espacios públicos", tardará aún unos meses en entrar en vigor, dado que deberá ser debatida y refrendada por el pleno municipal, y, además, exponerse al público, para la presentación de alegaciones, durante como mínimo 30 días.

Durante este proceso puede que se produzcan modificaciones de la futura regulación municipal antibotellón, como la prohibición para los establecimientos comerciales de vender bebidas alcohólicas a partir de las 22 horas. Una medida que está incluida en la propuesta del gobierno coruñés aunque no satisface a todos sus miembros, y menos aún a los vecinos, quienes dudan de la efectividad de esta prohibición.

Tanto el primer teniente de alcalde, el nacionalista Henrique Tello, como la concejal de Medio Ambiente, la socialista Nieves Vázquez, han insistido en que esta ordenanza no es prohibicionista, sino que sólo trata de regular el uso de los espacios públicos conciliando el derecho al descanso pero también el del ocio.

"Se trata de que una parte de los ciudadanos no molesten a otros, y se pueden ocupar los espacios públicos pero sin abusos ni de forma excluyente", apuntó Vázquez. En el preámbulo de la norma, el gobierno de A Coruña reconoce los "graves perjuicios" que padecen los vecinos desde hace años por la "práctica indiscriminada del botellón". Pero también se muestra comprensivo con "la necesidad y demanda" de los jóvenes de ocupar espacios públicos, "libres y abiertos", frente a los locales tradicionales de copas, "con problemas de masificación, ruido y precios elevados".

La futura ordenanza recoge también normas autonómicas o incluso municipales que apenas se aplican en la actualidad, como las de lucha contra los ruidos o la prohibición de orinar o tirar desperdicios en la calle. Y se establece un apartado especial en cuanto a los menores que consuan alcohol en la vía pública. En este caso, se exigirá responsabilidades civiles a sus padres o tutores legales y se notificará la identidad de los infractores de menos de 18 años a los servicios de la Xunta.

El pleno de Santiago, por su parte, ha rechazado la propuesta del Partido Popular de constituir una comisión municipal específica para debatir la problemática del botellón en la ciudad. El alcalde Xosé Sánchez Bugallo justificó la negativa del gobierno alegando que "ya hay comisiones suficientes" donde plantear soluciones a este fenómeno juvenil. El líder popular Gerardo Conde Roa calificó la decisión de "error grave" y acusó al Ayuntamiento de habilitar espacios públicos para celebrar el botellón. Para la portavoz socialista Álvarez Santullano esta imputación es un "disparate" y pidió una vez más la implicación de la Xunta para resolver el problema. A pesar de ser el punto único del pleno extraordinario, la corporación no acordó ninguna nueva medida.

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