El abogado de la clínica de abortos suspendida denuncia "una caza de brujas" en Madrid

El abogado de la clínica de abortos Mayrit, José Antonio Sanz Grasa, ha denunciado que "hay una caza de brujas desatada por el tema de Barcelona" con el que "nada tiene que ver" el centro que él representa, por lo que "se presentará un recurso" contra la suspensión cautelar de la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos decretada ayer por la Comunidad de Madrid.

A las puertas del centro, situada en la calle de Toledo, el letrado ha insistido en que no se trata de una "clausura por hacer abortos ilegales ni ninguna cosa rara", sino de una mera "cuestión administrativa". "No tenemos nada que ver con ese tema, ahora mismo están pasando consulta médicos", ha destacado. En este sentido, ha descrito que las autoridades se habían "liado a registrar unas mesas y unos papeles", pero que no existía "absolutamente nada más", puesto que se trata de una "cuestión puramente administrativa". Sanz ha calificado de "aberración" la actuación de Sanidad. "La clínica lleva más de 20 años trabajando y este mismo año hemos sido sometidos a seis inspecciones sin ningún problema", ha afirmado.

Sanz ha subrayado que la propia orden asegura que no se trata de "un cierre ni una clausura", por lo que ha querido dejar claro que "es una cosa temporal en tanto y cuanto se aclara". "No tiene carácter sancionador, por lo que no hay motivo para cerrar, ni clausurar", ha agregado. La versión de la Consejería de Sanidad es que la actividad del Mayrit supone "un riesgo inminente y grave para la salud de las personas", después de que una inspección hallara hace dos días 48 informes clínicos firmados en blanco por un psiquiatra y 15 historias clínicas de abortos supuestamente irregulares. Sanz ha explicado que "es posible que algunos médicos firmen papeles en blanco para luego rellenarlos" y, sobre los expedientes para destruir, ha indicado que "son informes de pacientes que han acudido a la clínica, se han sometido a algunas pruebas y al final, no han abortado".

Éste es el segundo cierre decretado por Sanidad en una semana, tras el de la clínica CB Medical el pasado lunes. Ante esta situación, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha denunciado que el PP está convirtiendo las clínicas que practican abortos en "chivo expiatorio político" para hacer un "guiño" a su electorado y ganar votos en las próximas elecciones generales. La portavoz de ACAI, Empar Pineda, ha asegurado que cada vez que se aproxima la convocatoria de elecciones el PP "tiende a hacer guiños" a su electorado más conservador, en este caso a los grupos más conservadores contrarios a la ley del aborto. En este sentido, la plataforma Hay Alternativas ha celebrado la suspensión

del centro, ha asegurado que existe "un fraude generalizado" y ha pedido que se intensifique "el celo inspector".

Para ACAI esta actitud los centros de interrupción de embarazo están "en el punto de mira" de las administraciones, en concreto en la Comunidad de Madrid, donde se está realizando un "acoso y derribo" a estos centros privados. Ha calificado de "hipócrita" esta persecución pues el 21% de las más 22.000 interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en 2006 en las siete clínicas privadas existentes en la Comunidad de Madrid fueron financiadas por las administración pública. Pineda ha anunciado que la próxima semana la ACAI mantendrá una reunión para establecer posibles actuaciones de protesta contra esta situación y pedirá una entrevista con el ministro de Sanidad, Bernat Soria, con al Fiscalía General del Estado y con el Defensor del Pueblo.