El Constitucional admite a trámite la recusación de dos jueces planteada por el Gobierno

El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite la recusación de los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata planteada por el Gobierno en el recurso del PP a la Ley Orgánica de este tribunal (LOTC). La decisión del máximo órgano de la justicia ha sido aprobada con dos votos particulares, los de los magistrados Eugenio Gay y Ramón Rodríguez-Arribas, quienes están de acuerdo con la admisión del incidente, pero discrepan en lo referido a la composición del Pleno.

La decisión ha sido adoptada por ocho magistrados, puesto que el presidente del Pleno, el conservador Vicente Conde, decidió el pasado jueves no convocar a los dos recusados. Este ha sido el motivo por el que Gay y Rodríguez Arribas han formulado sendos votos particulares en los que consideran que también García-Calvo y Rodríguez-Zapata debían haber formado parte del Pleno.

La admisión a trámite de estas dos recusaciones, planteadas después de que ambos magistrados mostraran en una carta su "más profunda discrepancia" sobre la reforma de la LOTC, supone la suspensión del recurso del PP hasta que sean resueltas. En su escrito de recusación, el Gobierno consideraba que la actitud de los dos jueces había sido contraria a la "necesaria imparcialidad" exigible a un magistrado y que revelaba un "prejuicio" sobre el asunto acerca del que debían deliberar.

Falta de respeto

El pasado martes, el Constitucional rechazó tramitar las recusaciones de tres magistrados progresistas interpuestas por el PP en esta misma causa. En esa ocasión, el Pleno rechazó por ocho votos a dos las recusaciones contra los jueces Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, a quienes los populares acusaban de haber manifestado su apoyo a la reforma de la LOCT.

En el auto de recusación, hecho público este lunes, el Tribunal COnstitucional acusa al PP de no observar "el respeto que institucionalmente le es debido al Tribunal y a sus miembros" al plantear la recusación. El Alto Tribunal añade que el PP hizo un "uso indebido" y "desviado" de las recusaciones al cuestionar la imparcialidad de tres magistrados progresistas con el único objetivo de "contrarrestar" las planteadas por el Gobierno contra dos jueces conservadores.

En su resolución, los magistrados "constatan" lo que llaman "el uso indebido que por la parte actora (el PP) se ha hecho de un instituto tan importante como es el de la recusación", previsto para salvaguardar la imparcialidad y objetividad de los tribunales. Para el Constitucional, el PP confundió "la legítima oposición a una recusación que, a su juicio, carece de fundamento", en alusión a la planteada por el Gobierno, "con la instrumentalización del instituto de la recusación para una finalidad distinta de la que está prevista para ella".

Esa finalidad no es otra, según el auto, que "contrarrestar las posibles consecuencias que en la composición de este Tribunal pudieran derivarse de la hipotética estimación" de las recusaciones planteadas por el Gobierno, que dejaría el control del pleno en manos de los progresistas.

Por escrito

García Calvo y Rodríguez Zapata, los dos jueces recusados por el Gobierno, habían expresado por escrito su discrepancia con la reforma de la ley orgánica. Por el contrario, las recusaciones propuestas por el PP se basaban en una información publicada en El Mundo, en la que supuestamente Aragón y Pérez Tremps se habrían mostrado "favorables" a la reforma de la LOCT en una reunión celebrada en junio en el despacho de la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas. Pero los seis magistrados que estuvieron en la cita enviaron una carta al presidente del pleno, Vicente Conde, para negar esa información.

El Constitucional formará ahora la correspondiente pieza separada de recusación. La instructora de este incidente procesal será la magistrada progresista Elisa Pérez Vera. El ponente de la recusación será el magistrado Manuel Aragón, perteneciente a la misma tendencia. En el Pleno de hoy no pudieron estar presentes los propios recusados ni la presidenta y el vicepresidente del tribunal, Maria Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente, quienes en su día se abstuvieron por considerar que la reforma de la LOTC les afectaba directamente al permitir la prolongación de sus mandatos mientras se mantuvieran como magistrados.