El Gobierno retira una ley en pleno trámite seis horas antes de su votación en el Senado

El Gobierno ha decidido frenar la tramitación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria a mitad de recorrido, al verse incapaz de lograr apoyos para aprobar un texto mínimamente comprensible. La ley fue aprobada por el Congreso de los diputados a finales de julio, pero la cantidad de enmiendas introducidas hacían el texto inaplicable, por ser abiertamente contradictorio en algunos de sus artículos. Según fuentes de la Cámara alta, es la primera vez en democracia que el Gobierno retira un proyecto de ley cuando ya ha sido aprobado por el Congreso. La retirada llega in extremis, ya que la ley debía votarse esta tarde en el Pleno del Senado.

Todos los grupos parlamentarios del Senado lo pusieron de manifiesto durante la reunión de la Comisión de Justicia, el pasado jueves, en la que se debía votar la ley. Los propios portavoces del PSOE reconocieron entonces que el texto era "mejorable". La votación añadió aún más caos a la ley, al salir adelante tres enmiendas y votarse en contra de todo el resto del texto. Por tanto, para la votación de esta tarde la Comisión ni siquiera presentaba una ley entera, sino sólo tres enmiendas a un texto que no existe formalmente.

Desde esta sesión en comisión, la posibilidad de retirar la ley ha sido confirmada reiteradamente por fuentes socialistas y gubernamentales, aunque la decisión no se ha tomado hasta esta mañana por parte de la vicepresidencia del Gobierno, de quien dependen las relaciones con las Cortes. La soledad del PSOE en este proyecto hacía imposible completar un texto coherente para su aprobación posterior en el Congreso. Por otro lado, si no se arreglaba el desaguisado, el Congreso debía aprobar de nuevo el mismo texto contradictorio e inaplicable.

La ley de Jurisdicción Voluntaria nace de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, y supone descargar los juzgados de algunos trámites en los que no hay conflicto entre partes, de forma que puedan ser resueltos por otros cuerpos jurídicos como los notarios.

El portavoz del PP en Justicia en el Senado, Agustín Conde, consideró ayer que la retirada es una "desautorización" de la vicepresidenta del Gobierno al ministro de Justicia. Según la versión de Conde, la ley ha llegado tan lejos a pesar de sus evidentes carencias por el empecinamiento de Mariano Fernández Bermejo, quien ha rechazado todas las propuestas de consenso del resto de los grupos parlamentarios.