Anulado sin recurso el convenio que legalizó el Hipercor de Pozuelo
El PSOE pide que se negocie de nuevo con el centro comercial, al que este fallo convierte en ilegal
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el convenio urbanístico suscrito en 2003 por el Ayuntamiento de Pozuelo y el mercantil Hipercor para legalizar el centro comercial que no había obtenido la licencia de apertura por exceso de edificabilidad, y su posterior ampliación. El fallo responde a la denuncia del PSOE que impugnó el convenio al considerar insuficiente la compensación económica pactada por el Ayuntamiento para regularizar la gran superficie, según ha declarado hoy en rueda de prensa la portavoz socialista, Eva Izquierdo, que ha estado acompañada por el secretario Institucional del PSM, Manuel Robles. El TSJM anula los actos impugnados por "no ser conformes al ordenamiento jurídico" en una sentencia firme contra la que no cabe la interposición de otro recurso.
El Consistorio consintió que Hipercor pagara al municipio 2.320.552 euros a cambio de no ceder el porcentaje de terreno (35% de aprovechamientos urbanísticos) que debía pasar a ser propiedad municipal, según lo establecido en la legislación del suelo de la Comunidad de Madrid. El centro comercial, que comenzó a construirse en 1995, ocupó una parcela de 21.000 m2 en el Cerro de los Gamos y fue ampliado con otros 10.000 m2 en 2003 gracias a este convenio que fue aprobado durante el último mandato del alcalde José Martín Crespo (PP) y ratificado por el actual gobierno de Jesús Sepúlveda (PP).
La gran superficie estaba obligada a ceder 3.510 m2 al municipio, pero pagaron en metálico una cantidad que, según los socialistas, en la actualidad sería siete veces mayor y en su momento se valoró (660 euros el metro cuadrado) por debajo del precio del suelo municipal cedido a la Comunidad de Madrid para construir el centro de emergencias 112 (691 euros el metro cuadrado). "Este convenio establecía una ampliación del centro comercial, legalizaba una situación que hasta el momento era irregular y se determinaba que en vez de recibir el Ayuntamiento la parte de terrenos que por cesión le correspondía, estos se monetarizaban", ha explicado Izquierdo.
El Ayuntamiento opina que no anula el convenio
La sentencia también determina que la valoración realizada por el Ayuntamiento donde se fijó la cantidad a pagar no se ajustaba a derecho por no haberse realizado según la ley del suelo. El PSOE ha pedido la celebración de un pleno extraordinario para debatir la forma en la que se ejecutará la sentencia, pero el Ayuntamiento se ha negado, por lo que han presentado una moción con el mismo objetivo que se debatirá mañana en una sesión plenaria ordinaria. En ella, el PSOE pide que se negocie de nuevo con el centro comercial, al que la sentencia deja en situación de ilegalidad, el precio de los terrenos que correspondían al municipio y se actualice la valoración del suelo enajenado.
Los socialistas piden responsabilidades políticas que alcanzan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pero eximen a Hipercor por creer que "cumplió con lo que el Ayuntamiento exigió". "No estamos en contra de las empresas que han sido el motor de la economía de la Comunidad y de este pueblo", ha explicado Robles, para añadir que deseaba preguntar a la presidenta "¿hasta cuándo va a permitir este tipo de actuaciones?". Robles ha reclamadio al PP el cumplimiento de la sentencia y explicaciones sobre el procedimiento seguido en la construcción de Hipercor, que inauguró el centro a pesar de que le denegaron la licencia por exceder la edificabilidad permitida en la normativa urbanística municipal.
Por parte del Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Gonzalo Aguado, ha asegurado que los técnicos municipales han comenzado a valorar de nuevo los terrenos municipales que ocupó el centro comercial. El edil ha subrayado que acatan la sentencia. Sin embargo, Aguado considera que el fallo no anula el convenio, sino sólo el acuerdo del pleno municipal donde se desestimó el recurso interpuesto por los socialistas contra la valoración que realizó el Ayuntamiento de los terrenos.
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