El interventor dice que no se valoró la condonación de la deuda para la venta de la funeraria

El ex interventor del Ayuntamiento de Madrid Vicente Arnau ha asegurado hoy, en su declaración en el juicio por el caso Funeraria, en el que se juzga la supuesta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, que el Consistorio no valoró la condonación de la deuda de la funeraria municipal a la hora de fijar el precio de la venta del 49% de las acciones a manos de Funespaña, que lo adquirió por sólo 60 céntimos.

Antes de la adjudicación, Arnau redactó un informe en el que cifró el precio de la operación en 1.098 millones de pesetas. En este mismo documento, el ex interventor advirtió de que había que condonar la deuda de más de 2.274 millones de euros "antes y no después" de calcular el valor neto patrimonial para determinar el precio.

Pese a ser, según el fiscal, "el único asesor realmente cualificado en materia económica", el ex diputado regional Luis María Huete y los concejales populares imputados en el caso hicieron caso omiso a sus advertencias y aprobaron formalmente, el 22 de diciembre de 1992, la venta de las acciones.

"Creo que los señores concejales creían que el valor patrimonial de la Empresa Mixta era negativo porque no tenían en cuenta la condonación de la deuda", expuso Arnau. Aunque en aquellas fechas la deuda no se había condonado, el Ayuntamiento liberó a Funespaña del pago meses después de la venta.

En cuanto a la adjudicataria, el testigo explicó, a preguntas del fiscal, que "Funespaña decía que el valor patrimonial de la funeraria era negativo", mientras que él tuvo en cuenta en su informe la condonación de la deuda contraída con el Ayuntamiento. "Yo daba un valor por encima de los 1.098 millones de pesetas", aseveró. A preguntas sobre si la oferta de Funespaña incluía asumir el fondo de maniobras negativo de la compañía, Arnau respondió: "Había aseveraciones vacías. Todo era una cortina de humo. Lo único real que había eran las 100 pesetas que desembolsaron".

Sin análisis económico

Durante su declaración, Arnau dejó claro que la privatización se llevó a cabo sin tener presente ningún estudio económico o financiero que analizase la situación en quiebra de la empresa. A su juicio, era "necesario" un análisis previo a la venta, habida cuenta de "la inseguridad de empleo" que existía por aquellas fechas en la empresa. "Era importante un estudio económico para establecer el precio, ya que la cifra que aparecía en el Pliego de Condiciones no estaba justificada", insistió el funcionario. Además, indicó que tampoco hubo "un dictamen pericial" para fijar el valor neto patrimonial de la empresa.