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El juez deja en libertad al sospechoso del parricidio de Burgos por falta de indicios

El joven ha salido esta tarde de un centro de menores de Valladolid

El joven Rodrigo Barrio, de 19 años, detenido como sospechoso de la muerte a puñaladas de sus padres y su hermano de 12 años, ha sido puesto hoy en libertad por decisión del juez, que considera que no hay suficientes indicios que le impliquen y que estos no tienen la solidez suficiente, según informa Jesús Duva. En cualquier caso, la policía continuará investigando.

El joven, arrestado el 12 de junio, ingresó el viernes a las 15,00 horas en el Centro de Menores Zambrana de Valladolid y ha salido esta tarde tras recibirse en el centro un auto judicial en el que se decreta su libertad, informaron fuentes del Gobierno regional.

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Rodrigo Barrio estaba en la unidad de ingresos de dicha institución, dependiente de la Junta de Castilla y León, sometido a valoración por parte de médicos, psicólogos y educadores, antes de ser ubicado definitivamente en las instalaciones.

El autor del crimen conocía a la familia

El triple crimen ocurrió el 7 de junio de 2004 en la vivienda familiar, pero fue al día siguiente cuando varios familiares encontraron el cuerpo sin vida de Salvador Crisanto Barrio, padre de Rodrigo y alcalde pedáneo de La Parte de Bureba (Burgos), de 53 años, con 50 puñaladas bajo la mesa de la cocina. La madre, Julia Dos Ramos, de 47 años, apareció degollada en el dormitorio y con 17 heridas de arma blanca, mientras que el hijo pequeño estaba en el suelo del pasillo con otros 17 navajazos.

Tras el hallazgo de los cadáveres, las primeras investigaciones determinaron que las muertes violentas se produjeron durante la madrugada, sin que en la vivienda hubiera señales de que la puerta hubiera sido forzada. Este dato hizo pensar a los investigadores que el autor tenía llave o era conocido de los miembros de esta familia, muertos por un arma blanca que no se encontró, sin que ningún vecino oyera nada.

El Juzgado Número 2 de Burgos decidió en junio del año pasado archivar la causa de forma provisional al no existir pruebas sobre quién cometió los apuñalamientos, aunque la Policía continuó las investigaciones para intentar esclarecer el suceso, al haber obtenido autorización judicial, según explicaron en aquel momento fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

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