Amnistía Internacional denuncia torturas y malos tratos en las comisarías españolas

Amnistía Internacional denuncia en su informe de 2006 sobre agresiones a los derechos humanos en todo el mundo que ha tenido noticia de "torturas y malos tratos" por parte de la policía española, y alerta además sobre las penurias de los inmigrantes y los solicitantes de asilo en España. La organización carga sobre todo contra el régimen de incomunicación que prevé la ley española; presuntos miembros de la organización terrorista ETA han denunciado que durante ese periodo de aislamiento sufrieron torturas.

En referencia a este periodo de incomunicación (de cinco días, que se puede extender a 13 en el caso de sospechosos de terrorismo), la organización recuerda en su informe anual que España ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y "pese a ello mantuvo prácticas condenadas por el relator especial de Naciones Unidas por considerar que aumentaban el riesgo de tortura y maltrato".

La organización destaca además que esos supuestos desmanes quedan impunes "en muchos casos", y además no son motivo de "investigaciones sistemáticas e independientes". Y añade, citando una investigación de SOS Racismo, que en uno de cada tres casos de violencia racista "los responsables eran funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley".

Inmigración. En cuanto a los problemas de los inmigrantes, Amnistía Internacional denuncia que el año pasado "se siguieron dictando órdenes de expulsión contra migrantes indocumentados, a los que se dejaba sin sustento ni medios de regularización de su situación". Usando datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pone de relieve que de las 2.504 solicitudes de asilo que se recibieron en los primeros meses del año, 2.165 fueran rechazadas o no admitidas a trámite.

Amnistía cifra en más de 31.000 los solicitantes de asilo y los inmigrantes indocumentados llegados en 2006 de África a las Islas Canarias. "El uso de centros de recepción improvisados para alojarlos y el hacinamiento extremo agravó las malas condiciones de los centros ya existentes", denuncia la organización; además, "los procedimientos de determinación de los casos de asilo se vieron sometidos a presión extrema" por la fuerte oleada migratoria, y se agudizó el problema del "acceso restringido a la asistencia letrada y a los servicios de interpretación".

Así, se produjeron "procesos acelerados de devolución" sin atender al derecho fundamental de toda persona "a solicitar asilo, a abandonar su país y a no ser devuelta a ningún país donde estuviese expuesta a sufrir violaciones de derechos humanos", según la organización. Aministía denuncia además que no se ha "identificado y castigado" a los culpables de la muerte de al menos 13 inmigrantes en las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos.

Violencia de género. Amnistía considera "un problema grave" que 86 mujeres murieran en el ámbito familiar en 2006, 68 de ellas a manos de sus parejas o ex parejas. Denuncia que "los nuevos tribunales dedicados a instruir tales causas no tenían recursos suficientes", pese a que la Ley contra la Violencia de Género aprobada por el Gobierno socialista aumento un 18% las denuncias.

"Los programas de rehabilitación de individuos declarados culpables de violencia doméstica eran insuficientes para satisfacer la demanda, por lo que había más de 1.700 maltratadores convictos en espera de recibir plaza en alguno de ellos", añade la organización en su informe.

El director de Amnistia Internacional con los lectores de ELPAIS.com

El mismo día que Amnistia Internacional ha presentado su informe anual, su director en España, Esteban Beltrán, ha mantenido una entrevista digital con los lectores de ELPAIS.com. Beltrán ha aprovechado la ocasión para reclamar una agencia independiente de investigación sobre abusos policiales: "La mayoría de las denuncias de malos tratos y torturas se dan a inmigrantes en España, aunque también existen denuncias a personas acusadas de terrorismo, existe un problema de impunidad en España que ilustra el caso Roquetas: Se denuncia la muerte en el cuartel al juzgado y el juzgado pide que investigue el mismo cuartel y el mismo teniente acusado. Es decir, lo que estamos pidiendo es una agencia independiente de investigación sobre abusos policiales. En Gran Bretaña ya existe".

Beltrán, que ha vuelto a incidir sobre la existencia de la tortura en las comisarías españolas, ha explicado a los lectores de ELPAIS.com, que la principal preocupación para la ONG "son las leyes régimen de incomunicación". Estas leyes permiten tener a una persona hasta 13 días en manos de las fuerzas de seguridad "sin tener abogado propio y forense de su confianza". Por ello Beltrán ha reclamado, que hasta que estas leyes desaparezcan, los interrogatorios "se graben bajo autorización de un juez para garantizar que no haya torturas, y para que tampoco haya denuncias falsas de torturas a policías".