La Fiscalía rebaja su petición de pena para los imputados por el 'caso Roquetas'
El informe forense concluyó que el agricultor Juan Martínez Galdeano murió en el cuartel de la Guardia Civil por consumo de drogas
La Fiscalía ha reducido de 51 a 24 años de cárcel la pena que exige para ocho de los nueve agentes de la Guardia Civil juzgados por la muerte en el cuartel de Roquetas de Mar (Almería) del agricultor Juan Martínez Galdeano. El proceso ha quedado hoy visto para sentencia con las conclusiones definitivas de las partes. También la acusación particular ha rebajado su petición de pena. El noveno procesado, A. G. R., ha sido hoy puesto en libertad sin cargos.
El informe forense, expuesto ante el tribunal el pasado 29 de marzo, dejó sentado que Martínez Galdeano murió por consumo de drogas (lo que explica el delirio que sufría, y que le provocó una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda).
La Fiscalía imputó al teniente José Manuel Rivas, al mando del cuartel el día en el que se produjeron los hechos, los delitos de atentado grave contra la integridad moral, lesiones y homicidio imprudente. En un primer momento pidió siete años y cinco meses para Rivas, que ahora ha reducido a tres años y medio.
La pena para el el sargento J. A. M. F. y para la agente M. J. S. P. pasa de seis años y tres meses a tres años y tres meses por los mismo delitos. Para los agentes A. M. V., D. J., J. A. S. G. y J. R. A. pasa de seis años a tres años. El agente J. A. M. M. queda libre de la acusación de homicidio imprudente y lesiones y sólo se le reclaman dos años de cárcel por atentado contra la integridad moral.
En cuanto a la acusación particular, su petición de pena pasa de 12 años a tan solo 5 y medio para Rivas por los mismos delitos que la Fiscalía; para el sargente
J.A.M.V., pasa de 11 a cuatro años y medio por un delito de lesiones y homicidio imprudente, y complicidad en otro contra la integridad moral. Para el resto, reclama seis meses de cárcel por complicidad en un delito contra la integridad moral.
La Fiscalía ha elevado la petición de indemnización para los familiares del fallecido de 95.000 euros a 145.000. La acusación particular pide 300.000 frente a los dos millones solicitados anteriormente.
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