El líder de la Asociación de Guardias Civiles se niega a declarar ante la Justicia militar

El secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Joan Miquel Perpinyá, ha denunciado hoy que "las cosas están muy decididas" respecto a los expedientes abiertos por falta muy grave a agentes que participaron uniformados en la concentración que tuvo lugar en Madrid el 20 de enero.

Perpinyá, quien se se ha negado hoy en Palma a declarar ante el teniente coronel del Cuerpo Jurídico Militar que instruye el expediente disciplinario porque no disponía de un vídeo que se ha incorporado como prueba, ha manifestado a los medios su preocupación, al considerar que este asunto ha entrado en "una espiral muy delicada".

A su parecer, esta "cadena de expedientes" tiene "el objetivo de desviar la atención de los motivos reales que concentraron a miles de guardia civiles", que eran "pedir el cumplimiento del programa electoral del partido socialista" y exigir el reconocimiento de sus "derechos constitucionales" que están "severamente restringidos".

El responsable de la AUCG ha lamentado asimismo las recientes manifestaciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que el Ejecutivo no aceptará "ningún chantaje" en relación con las reivindicaciones de esta organización y la ha acusado de confundir "el ejercicio de un derecho constitucional con la insubordinación".

Perpinyá, que está suspendido de actividad por 90 días y se enfrenta a un expediente por falta muy grave, ha afirmado que le "preocupa mucho" este discurso de la vicepresidenta, ya que en lugar de "suavizar la tensión existente" ha añadido "más leña al fuego".

Ante "la oferta de mano tendida" de la AUGC para "solucionar" la situación, ha afirmado, el Gobierno "responde con aperturas masivas de expedientes", lo que está "siendo publicitado a bombo y platillo" por el Ejecutivo "sin haberlo notificado siquiera a los interesados".

Desde su óptica, esto supone un "alarde absoluto" de las "actividades represivas" del Gobierno "contra el movimiento asociativo de la Guardia Civil" que vulnera "los derechos de los inculpados".

El secretario general de la AUGC ha añadido asimismo que la postura del Gobierno en este caso está "muy vinculada" a la reunión del Consejo Superior del Ejército de Tierra que tuvo lugar días después de la protesta, aspecto que ha tachado de "muy preocupante".

Resolución rápida de los expedientes

El expediente, cuya resolución debe formalizarse antes de que transcurran seis meses, se resolverá "con bastante celeridad, habida cuenta del estado de las cosas", ha pronosticado Perpinyá en este sentido. Con todo, ha confiado en que "al final alguien del Gobierno tendrá un poco de sentido común" para entender que esta sanción "es en general contra todos los guardia civiles".

Este caso "confirma" que la Guardia Civil tiene "bastantes menos derechos que cualquier otro ciudadano", ha proseguido Perpinyá, que ha explicado que no ha recibido ninguna contestación a una solicitud de entrevista que dirigió a los ministros de Defensa y del Interior.

Perpinyá ha detallado que el teniente coronel que instruye el caso se desplazará el miércoles a Cádiz para tomar declaración al secretario de comunicación de la AUGC, Juan Antonio Delgado, donde "se repetirá este acto" y en el que, "si las cosas no cambian", se mantendrá la "línea de defensa" trazada por la organización.