La Audiencia juzgará a Otegi el 21 de marzo por el homenaje a la etarra Olaia Castresana

Arnaldo Otegi volverá a la Audiencia Nacional el próximo 21 de enero. El dirigente de la ilegalizada Batasuna será juzgado ese día por un delito de enaltecimiento del terrorismo, presuntamente cometido durante el entierro de la etarra Olaia Castresana, que murió en 2001 al explotar la bomba que manipulaba.

La fecha del juicio se ha fijado después de que el Tribunal Constitucional decidiera el pasado 3 de enero no admitir a trámite el recurso que Otegi presentó contra la decisión del TSJ del País Vasco de remitir a la Audiencia Nacional el caso para que lo juzgara.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había condenado a Otegi a 15 meses de prisión por este delito. Sin embargo, el Supremo entendió que se vulneró el derecho de Otegi a un juez imparcial, ya que dos de los magistrados que dictaron la sentencia intervinieron "de forma relevante" en el trámite procesal anterior al juicio. En marzo de 2006, el Tribunal vasco se declaró "incompetente" para volver a juzgar a Otegi, dado que éste había perdido su condición de aforado, por lo que el tribunal remitió el caso a la Audiencia Nacional.

Desconforme con esta decisión, el dirigente abrtzale recurrió al Tribunal Constitucional, que decidió no admitir a trámite el recurso, lo que ha permitido a la Audiencia Nacional fijar la fecha del juicio.

Juicio contra Aitor García Aliaga y Ana Belén Egüés

Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 109 años de prisión para dos miembros de ETA, Aitor García Aliaga y Ana Belén Egüés, durante el juicio que se ha celebrado hoy por la explosión de un coche-bomba en un aparcamiento de Madrid el 12 de octubre de 2001 y que provocó 20 heridos de diversa consideración. Se trata del primer juicio de la Audiencia Nacional a etarras desde la ruptura del alto el fuego con otro atentado en la capital el pasado día 30 de diciembre de 2006.

Los dos miembros de ETA están acusados de un delito de estragos terroristas, cinco atentados con resultado de lesiones, tres delitos de lesiones, 12 faltas de lesiones y uno de transporte de explosivos por los que el fiscal, Vicente González Mota, pide además multas por valor de más de 7.000 euros a razón de una cuota diaria de 10 euros durante dos meses por cada falta.

Los etarras utilizaron un vehículo robado cargado con entre 25 y 30 kilos de titadyne que colocaron en la calle Alcántara de Madrid, cerca de la Plaza de Colón, donde finaliza el desfile militar que se celebra el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, con intención de que hiciera explosión a las doce del mediodía. Según explica González Mota en su escrito de acusación, los dos terroristas cometieron un error al programar el temporizador y lo activaron para las doce de la noche de ese mismo día.

Egüés fue la encargada, junto a otro procesado no enjuiciado en esta vista, de colocar el coche en la mencionada calle. A las once de la mañana, una llamada al servicio de emergencias 080 alertó de la presencia del vehículo. El comunicante gritó Gora ETA antes de cortar la conversación.

A pesar de los registros realizados tras la comunicación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los explosivos no fueron localizados. Horas después los vigilantes de seguridad de un edificio cercano avisaron a la Policía Local de la presencia de un coche mal aparcado que fue retirado por la grúa y conducido al parking situado en la Plaza de Colón. Fue allí donde se produjo finalmente la explosión al activarse el temporizador pasada la medianoche.

La deflagración, reivindicada por García Aliaga en nombre de la banda terrorista ETA al diario Gara, provocó heridas de diversa consideración y secuelas a 20 personas, usuarios del parking y agentes de policía, por las que González Mota solicita indemnizaciones de 49 a 24.000 euros en función de su alcance.