Los delegados de la UE no se creen el intento de Madrid de minimizar las obras de la M-30

Los eurodiputados que visitaron Madrid para revisar el alcance de las obras de la M-30 han presentado hoy en el Parlamento Europeo las conclusiones de su visita a la capital española, y se han mostrado incrédulos ante los intentos de las autoridades municipales y autonómicas de Madrid para restar importancia a las obras de reforma de la M-30 y no estimar necesario una evaluación de impacto ambiental.

El eurodiputado irlandés Proinsias de Rossa ha hablado de las obras del anillo madrileño como "una infraestructura urbana inmensa con gran impacto ambiental para los ciudadanos de Madrid y de los alrededores, porque no se trata de mejorar calles de la ciudad", aunque según ha reconocido, "políticos y funcionarios trataron de convencernos de eso".

Para el delegado europeo es importante saber si la M-30 es autovía o vía urbana, para poder determinar si se deben o no aplicar las normas comunitarias. Su compañera, la danesa Margrete Auken, lo tiene claro: "Lo que vimos fue una autopista de las grandes". La envergadura del proyecto "requiere la aplicación de la legislación europea", así como el hecho de que afecte "al río, a la calidad de las aguas y del aire", según el estudio realizado por los políticos comunitarios. Además, echan en falta más información para los vecinos de Madrid, "dependen mucho de la prensa y sin embargo las obras afectan muchísimo a su vida cotidiana".

Respuesta

El eurodiputado popular Carlos Iturgaiz ha criticado a sus colegas por presentar unas conclusiones "parciales" y carentes de rigor, con el objetivo de "cargarse al alcalde de Madrid". Así, reprocha que en su visita a la ciudad española, solo dedicaran 3 de las 70 horas a reunirse con las autoridades.

Por su parte, el eurodiputado socialista Carlos Carnero, que participó en la visita a Madrid, ha reconocido sentirse "sonrojado" porque las autoridades madrileñas "no sepan distinguir entre la ley comunitaria y la española".

Durante la visita, Ruiz-Gallardón insistió en que el desarrollo de la M-30 iba a tener impacto para toda la población y que, por una decisión del Consejo de Estado de 2004, el proyecto no entraba en el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Martínez, trasladó a la delegación del Parlamento Europeo su deseo de "encontrar una solución política para evitar consecuencias jurídicas".

De Rossa ha recordado hoy a las autoridades madrileñas que, para acometer las obras, solicitaron al Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo de 1.500 millones de euros (sobre un total de unos 4.000), denegado en 2005 por incumplimiento de la legislación comunitaria. Esa sugerencia "debe estudiarse con carácter de urgencia" y tenerse en cuenta de cara a la elaboración del informe que se realice al respecto, ha dicho.