Discurso de Josu Erkoreka en el debate parlamentario de aprobación del Estatut

Señor presidente de Cataluña, excelentísimo señor president Pujol, parlamentarios, consellers, amigos, diputadas y diputados, durante los 27 últimos años esta Cámara ha tramitado un amplio número de proyectos estatutarios, tanto proyectos de elaboración inicial como propuestas de reforma de los Estatutos ya elaborados. Los primeros -los proyectos de elaboración inicial- se estudiaron básicamente entre los años setenta y ochenta y los segundos, con una excepción aislada, pasaron por la Cámara en la década de los noventa. Durante este largo periodo de tiempo el criterio básico que ha guiado la actitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ante las iniciativas de elaboración o de reforma estatutaria que se han debatido en el Congreso ha sido siempre el mismo, ha sido el criterio de máximo respeto a la voluntad democrática de cada territorio.

Desde mi grupo siempre hemos sostenido que es a las mayorías democráticas de cada Nación, de cada nacionalidad, o de cada región del Estado a las que corresponde en exclusiva, sin interferencias, definir tanto el modelo como el quantum de autogobierno al que quieren acceder, y hemos defendido también que no es lícito, ni democráticamente admisible, que con pretextos como el de que la soberanía nacional es única, indivisible y está representada en estas Cortes Generales, u otros pretextos de similar factura, se pretenda desde un territorio condicionar o limitar la voluntad democrática de una comunidad política distinta, que se percibe, se identifica, se siente y se afirma como tal, y desea empezar o continuar decidiendo por sí misma su futuro.

Este criterio de máximo respeto a la voluntad democrática libremente expresada por cada territorio obedece a dos razones. en primer lugar, al compromiso radical que mi grupo tiene con la democracia y sus expresiones a todos los niveles, sus expresiones, lo enfatizo, a todos los niveles. Creemos que las expresiones democráticas, en tanto que expresiones mayoritarias y libres de la voluntad de una determinada comunidad política, no son jerarquizables. Hay mucha gente en esta Cámara y en la opinión pública española que tiende a jerarquizar las expresiones democráticas, pretendiendo establecer la superioridad natural de unas sobre las otras. No, como expresión democrática de la correspondiente mayoría un acuerdo, por poner un ejemplo que hace el caso del Parlamento de Cataluña, no es inferior ni ocupa un rango subordinado a un acuerdo de este Congreso de los Diputados, como expresión democrática de una determinada mayoría, de la correspondiente mayoría, tiene el mismo nivel, el mismo rango, la misma validez, la misma legitimidad. Pero el empeño de mi grupo en respetar lo que cada territorio decida en torno a su autogobierno responde también a la esperanza de recibir un trato de reciprocidad, esperanza, como todos ustedes saben, vana como se vio en esta Cámara el 2 de febrero del año pasado cuando pudimos comprobar que diputados de esta Cámara que pertenecían a comunidades a cuyo autogobierno nosotros nunca habíamos puesto ninguna objeción votaron sin ningún problema en contra de la toma en consideración de una propuesta de reforma estatutaria que procedía del Parlamento Vasco, con el aval de la mayoría absoluta. Pero este criterio nuestro, esta actitud de respeto a ultranza de la voluntad de autogobierno de cada territorio solo ha tenido tres excepciones, y me adelanto a expresarlas antes de que alguno me las espete después: primero, nos opusimos a la Lorafna y a su ulterior reforma, porque en Navarra somos parte interesada, pequeña pero interesada, y defendemos para el viejo Reino un proyecto político distinto, alternativo al actualmente vigente; en segundo lugar, tampoco apoyamos, como cabe suponer, los preceptos concretos que algunas comunidades autónomas limítrofes a la nuestra incluyeron en sus proyectos de reforma estatutaria con la pretensión de dejar constancia de que el ejercicio legítimo por parte de las instituciones vascas, de las competencias que ejercen en virtud del concierto económico, podía irrogarles daños económicos en relación con los cuales tenían derecho a ser compensados por el Estado. En estos casos apoyamos la reforma estatutaria como expresión que era de la voluntad mayoritaria de los territorios correspondientes, pero salvamos nuestro apoyo a estas previsiones concretas que consideramos que eran ilegítimas y contrarias al sentido del concierto económico. Finalmente, esto es conocido porque es un fenómeno reciente, hemos votado también en contra de la reforma del Estatuto de la comunidad Valenciana, pero no por razones de fondo, no porque neguemos a los valencianos pleno derecho a autogobernarse como deseen. Nuestro voto negativo, y lo explicitamos claramente cuando hubo ocasión para ello, fue un voto de castigo por el atropello que los dos grandes grupos de la Cámara cometieron con los grupos pequeños durante la tramitación de la propuesta de reforma, con una interpretación arbitraria y sin precedentes del Reglamento que pisoteó nuestros derechos y puso en evidencia algo que ya se ponía de manifiesto desde el principio: el nulo interés de los dos grandes grupos de la Cámara por recabar un solo apoyo más del que ya traía la propuesta desde las Cortes Valencianas.

Estos son los antecedentes, y en coherencia con ellos, que mi grupo, insisto, ha mantenido durante los últimos veintisiete años en relación con los proyectos estatutarios o con las propuestas de reforma estatutaria procedentes de los diferentes territorios del Estado, también en este caso, en el caso del Estatuto de Cataluña vamos a conducirnos con arreglo al mismo criterio, el de máximo respeto a las mayorías democráticas de origen.

La propuesta de reforma estatutaria de Cataluña vino a la Cámara con el apoyo, el amplísimo apoyo de casi el 90 por ciento del Parlamento nacional de Cataluña. En aquel momento, todos los que prestaron su apoyo en la Cámara catalana al proyecto que se remitió al Congreso, sostuvieron públicamente que se trataba de un texto abierto a la negociación y, por tanto, susceptible de cambios; no era una propuesta cerrada e innegociable, nadie la consideró así. Cuando el presidente de la Cámara catalana entregó la propuesta aprobada allí en el Congreso de los Diputados, entre -ustedes lo recordarán- los airados gritos de traidor y los entusiásticos vivas a España que proferían los integrantes del comité de recepción que se formó aquí en la verja, nos dicen que improvisadamente, declaró a la prensa, en una representación siquiera simbólica de los parlamentarios catalanes, que la propuesta de reforma estatutaria que traía era la propuesta del diálogo. Dijo: Venimos con voluntad de negociar. Insisto: Venimos con voluntad de negociar. Era una clarísima expresión de voluntad; el texto no estaba cerrado, no era inamovible, no era innegociable. Negociar, señor presidente, señorías, implica ceder, implica transigir, implica condescender. No hay negociación si no existe una mínima disposición a abandonar, siquiera parcialmente, algunas posiciones para asumir parcialmente las ajenas. Toda negociación implica inexorablemente dejarse algún pelo en la gatera. Sin cesión no hay negociación, puede haber imposición, pero no negociación, y negociación e imposición no solamente son términos distintos sino antitéticos.

Por eso, uno de los puntos cruciales de toda negociación consiste precisamente en fijar el límite hasta el que se está dispuesto a ceder a cambio de lo que se percibe como contraprestación. Consiste en determinar el punto hasta el que se puede llegar a transigir sin que se quiebre la proporción entre lo que se cede y lo que se recibe a cambio. Y a la hora de trazar las líneas rojas, las fronteras infranqueables, siempre hay tantas posiciones como agentes políticos; pero mi grupo parlamentario tiene claro que de entre todas las posiciones que han emergido o puedan emerger en torno a este punto sólo hay una -insisto, solo una- que resulta relevante de cara a adoptar una posición aquí en esta Cámara: la que se adopte por la mayoría parlamentaria catalana que aprobó la propuesta de reforma estatutaria y expresó, al remitirla a las Cortes, su voluntad de negociar.

El texto aprobado por la Comisión Constitucional no está respaldado por la mayoría cercana a la unanimidad que apoyó la propuesta del Parlament de Cataluña, pero cuenta con una mayoría que se sitúa en torno al 72 por ciento; una mayoría que sigue siendo muy amplia, sigue siendo amplísima y a la que nosotros, desde una nación amiga, distinta pero amiga, no podemos oponernos, no vamos a oponernos. Por eso vamos a apoyar con nuestro voto este proyecto.

Desde que la propuesta se tomó en consideración, señorías, hace ya cinco meses, se ha producido un intenso debate, tanto aquí en el Congreso como en la calle; pero, sobre todo, el debate se ha producido en los medios de comunicación social, un debate inusitado, sin precedentes. ¡Cómo se nota quiénes controlan los medios de comunicación social! A la sombra del debate provocado se ha hecho mucha demagogia y se ha alimentado consciente y deliberadamente la confusión, una confusión que ha tenido reflejos permanentes en los debates de esta Cámara. Tampoco -creo que nadie lo negará- se han hecho grandes aportaciones a la armonía que los que dicen defender la cohesión social de España deberían difundir entre los diferentes pueblos del Estado, y lo que tenía que haber sido un encuentro civilizado y constructivo se ha convertido en un circo. Han menudeado el cinismo, el embuste y la hipocresía; se han manejado muchas, demasiadas falacias y a base de repetirlas, como enseñaba el maestro Goebbels, se han instituido como verdades incontrovertibles tesis objetivamente falsas. Me he tomado la molestia de registrar los títulos -y ya no me meto con los contenidos-, solamente los títulos de algunos artículos de opinión que se han publicado en determinada prensa durante este periodo, durante los últimos meses, y la lectura de estos títulos -insisto, sólo de los epígrafes- es bastante elocuente para calibrar el tono tan poco constructivo, tan poco ponderado que ha presidido el debate.

Tengo una pequeña muestra que les voy a leer: Salvar a España; Desmontando España; ¿Resistirá España?; Delenda est Hispania; Declaración de independencia; Indefensión de España; El problema de España; Yo acuso; España herida; ¿Reconstruimos España?; España rota; Lo que queda de nosotros; Los cerdos de la granja España; Adéu Espanya; España importa; La gran desgracia; España colgada; España en la encrucijada; Adiós, España; Sacar a España de sus casillas; Negociando la presecesión con La Moncloa; Zapatero, un paso adelante para la independencia de Cataluña; Destrozar España. Hay muchos más. Podría darle una larga lista de títulos del mismo tono, pero creo que esta que he aducido es suficientemente gráfica y expresiva del tono constructivo y del ato nivel intelectual que ha presidido el debate.

Durante estos cinco meses hemos asistido a situaciones enormemente paradójicas; también a acontecimientos perfectamente previsibles pero que, no por serlos, resultan menos chocantes ni, por chocantes, poco o nada creíbles. En política la credibilidad es un activo importante. Hemos visto algo tan paradójico como que la defensa de la libertad corría a cargo, nada menos, que de un registrador de la propiedad, que es, por definición y por vocación, el fedatario de las desigualdades, el garante de que las diferencias entre los propietarios y los desposeídos permanezca en el tiempo. Hemos visto erigirse en garantes de la solidaridad al rentista, al hacendado, al terrateniente y a su hijo: el señorito engominado que se divierte con la moto. Hemos visto imágenes en televisión de actos multitudinarios en los que los señoritos engominados que se divierten con la moto se erigían en garantes de la solidaridad; la beatiful people, garante de la solidaridad. Hemos visto a personas que han forjado toda su trayectoria política en torno a la reivindicación foral, suscribiendo manifiestos que rechazan hasta las singularidades forales expresamente reconocidas por la Constitución. Hemos visto aflorar nuevos intelectuales de estos que se venden como rebeldes, como disidentes, críticos con el poder, a los que, contra lo que ocurre en todo el mundo occidental, les abren sus puertas las editoriales más potentes del mercado y los medios de comunicación social de mayor difusión.

Si alguien tiene vocación de participar en tertulias televisivas y radiofónicas de gran audiencia; si alguien quiere reservarse espacio en las columnas mejor pagadas de los periódicos del Estado; si alguien quiere que le inviten a los actos, seminarios, congresos, presentaciones de ponencias en denuncia del nacionalismo, ya sabe lo que tiene que hacer ahora: manifestarse rotundamente en contra del Estatuto y del nacionalismo catalán. Le abrirán todas las puertas. Esta es la nueva clase intelectual disidente que ha aflorado en relación con Cataluña. En Euskadi esto ya lo conocíamos de tiempo atrás. Cataluña parecía que era un territorio distinto donde estas cosas no podían ocurrir, pero han aflorado exactamente igual. Si ustedes quieren ganar dinero con estos pretextos ya saben lo que tienen que hacer. Pronúnciense contra el Estatuto y el nacionalismo catalán, que les abrirán muchas puertas: columnas, tertulias, colaboraciones periodísticas.

También hemos visto que los mismos garantes de la soberanía española, que se erigen como tales sin rubor, amenazan con quebrantarla en el supuesto de que los demás franqueen las líneas que a ellos les parecen infranqueables, con lo que ya no hay manera de saber si lo de la soberanía española única lo defienden porque creen de verdad en ella, o solamente porque es un útil recurso dialéctico para difundir la demagogia. Hemos visto, asimismo, introducir de matute, como si fueran rigurosamente constitucionales, conceptos novedosos y absolutamente imprecisos como el de un Estado viable, lo que es absolutamente perturbador para el debate político racional. Porque, ¿qué es un Estado viable? ¿Cuándo un Estado enflaquece tanto que deja de ser viable? ¿Es imprescindible, por ejemplo, que todas, absolutamente todas las competencias que actualmente están en manos de las instituciones centrales del Estado sigan en sus manos para que el Estado siga siendo viable?

¿Por qué los Estados americanos pueden convocar referéndum sin necesidad de ser autorizados por el poder central, algo que aquí es absolutamente inconcebible? ¿Dejan por ello los Estados Unidos de ser un Estado viable, porque allí no tienen las instituciones centrales una competencia que aquí no la sueltan ni por casualidad? ¿Ha dejado de ser viable el Estado alemán porque el Bundestag alemán no pueda intervenir en la regulación del régimen local como hace aquí el Estado con normas más básicas de muy largo alcance? ¿Porque en Suiza sea inconcebible e imposible aprobar una ley orgánica de educación del contenido y la expansión de la que estamos tramitando ahora en las Cortes Generales, el Estado suizo ha dejado de ser viable? Dónde empieza y dónde acaba el Estado ideal, cuál es la frontera que el Estado no puede superar para dejar de ser viable. También hemos visto que los idealistas más exaltados, los de la nación única, innegociable, los que imponen a todo el mundo su nación, siguen contra toda lógica haciéndose llamar no nacionalistas. Hemos visto una vez más que se nos pretende vender la falsa disyuntiva entre un proyecto que se nos dice cívico, integrador, de convivencia, moderno y democrático, basado únicamente en derechos y libertades -dicen-, una nación de ciudadanos libres e iguales y frente a eso se nos opone una adversidad de proyectos tribales, arcaizantes, egoístas, insolidarios e irracionales que solo buscan privilegios y ventajas y, en todo caso, el afianzamiento en su poder de sus élites locales. Es falso -no hace falta que lo diga, cualquier mentalidad mínimamente documentada lo puede conocer- que se enfrenten aquí una nación de ciudadanos e iguales con una pléyade de tribus y reinos de taifas ávidos de poder. El proyecto que avala, por ejemplo, el general Mena y el golpista Tejero desde las páginas desde Melilla Hoy es cualquier cosa menos cívico e integrador. Es, como dijo el New York Times, un proyecto troglodita.

Señorías, señor presidente, hoy probablemente se dará por aprobada la reforma del Estatut en la Cámara Baja y una vez cumplido el trámite el Senado conocerá el expediente remitido por el Congreso y las Cortes Generales habrán cumplido su cometido. Pero no todo concluye ahí. El Estatut tendrá que afrontar otros dos retos importantes. Primero, será necesario el pronunciamiento del pueblo de Cataluña, que ratificará o rechazará lo aprobado por sus representantes. Es un trámite muy importante, trascendental; un trámite que servirá para denotar la posición central que el pueblo soberano mantiene en todo el sistema democrático. No lo descuiden -no debemos descuidarlo- pero apelo principalmente a los responsables políticos catalanes, no descuiden este trámite. La opinión del pueblo es decisiva para saber si los políticos hemos acertado o fracasado en nuestro empeño. El pueblo será quien dé y quite la razón, más allá de los argumentos que unos y otros seamos capaces de aportar en el debate. El segundo reto que tiene por delante el Estatut que se apruebe próximamente por las Cortes Generales es que si finalmente es ratificado quedará pendiente su cumplimiento leal y su desarrollo equilibrado. Una cuestión que no es menor a la luz de la experiencia acumulada durante los últimos lustros. Al cambiar de Estatut, Cataluña cambiará de barco pero el mar en el que tendrá que navegar no va a cambiar. El nuevo Estatut será un barco nuevo pero tendrá que navegar en el mismo océano, con los mismos vientos, las mismas corrientes, las mismas tempestades y, no lo ocultemos, los mismos corsarios. Los riesgos seguirán siendo los mismos que hasta ahora, los ya conocidos, los que han justificado una cierta insatisfacción de los gestores políticos de la Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con el acoso del que ha sido objeto la competencia de Cataluña y la erosión progresiva y sistemática de la que han sido objeto por parte de la actividad legislativa del Estado. La decisión sobre las transferencias seguirá estando unilateralmente en manos del Estado, será el Estado quien decida si se llevarán a cabo o no las transferencias a las que dará lugar el nuevo marco competencial. Fíjense, les voy a poner un ejemplo, el Estatuto vasco dice desde hace 27 años que la ejecución de la legislación penitenciaria corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lo dice clarísimamente, sin lugar a dudas de ningún tipo, pero veintisiete años después todavía no se han transferido los centros penitenciarios. Este es el océano en el que tendrá que navegar el nuevo barco, y además hay otros inconvenientes; hay más corsarios. Los conflictos competenciales que Cataluña tenga con el Estado seguirán siendo resueltos por el Tribunal Constitucional -este Tribunal Constitucional- y la Comunidad Autónoma de Cataluña no designará a un solo miembro del tribunal, por lo que sus conflictos tendrán que ser resueltos por unos magistrados designados por el Estado. Por diferentes órganos del Estado, sí, pero por el Estado, es decir, por el contendiente. Este es un tema no intranscendente; es un tema importante. Cataluña ha querido blindar sus competencias, pero la experiencia demuestra que quien de verdad ha blindado sus posiciones y prerrogativas ha sido el Estado, el ciclón del Estado, frente al que no hay blindajes estatutarios que valgan. Fíjense, el Titanic se hizo a la mar también cubierto por todo tipo de blindajes, pero el iceberg que le hizo naufragar no entendía de blindajes. Amigos catalanes, tomen nota de esto: el Estado es un iceberg que no descansa. No se molesten en preguntar al Partido Popular si derogará el Estatuto cuando asuma el poder; no hará falta derogarlo para neutralizarlo o inutilizarlo; el iceberg estatal tiene poderes suficientes para hacerlo sin recurrir al expediente de la derogación. Este es el riesgo fundamental que tiene el Estatuto una vez aprobado, y este es el aspecto sobre el que el seguimiento de los parlamentarios, y muy especialmente de los catalanes, habrá de ser decisivo en el futuro. El riesgo del mismo océano en el que el nuevo barco habrá de navegar.