Discurso de María Teresa Fernández de la Vega en el debate parlamentario de aprobación del Estatut

Señor presidente, señorías, señor presidente de la Generalitat de Cataluña, señoras y señores diputados del Parlament de Cataluña, es para mí un honor intervenir al inicio de esta sesión en la que vamos a considerar y votar el texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por la Comisión Constitucional de esta Cámara.

Como SS.SS. recordarán, el 14 de marzo de 2004 ya se encontraban en fase de tramitación varios procesos de reforma de estatutos de autonomía y se había anunciado la reforma de otros tantos.

Transcurridos más de 25 años desde que los primeros estatutos comenzaran su andadura, había cristalizado en muchas comunidades autónomas, entre ellas la de Cataluña, la necesidad de abordar una reforma estatutaria que permitiese adaptarlos a las nuevas demandas sociales. Por eso, en nuestro programa electoral ya asumimos el compromiso de apoyar estas reformas. Desde nuestra participación activa en la construcción de la convivencia democrática, siempre hemos estado convencidos tanto de las bondades del modelo de descentralización política diseñado por el constituyente de 1978, como del éxito del desarrollo del autogobierno que ha venido materializándose en este último cuarto de siglo. De hecho, el apoyo a la aprobación de las reformas estatutarias no es un elemento aislado de la política autonómica del Gobierno. Que los ciudadanos se identifiquen con las leyes que les afectan y las instituciones que les gobiernan constituye una condición casi ineludible para el éxito de la convivencia democrática. Pues bien, por ello, mediante el incremento de la participación de las comunidades autónomas en los asuntos estatales, el Gobierno ha dado un paso más. Ha querido incrementar la integración política de los ciudadanos porque, junto a la libertad para gobernarse en común y consensuar normas, nos parece esencial que los ciudadanos se sientan reconocidos en el marco institucional que les permita desarrollar el sentimiento de pertenencia a una comunidad jurídica definida por unos derechos comunes. Porque solo en esa comunidad jurídica que la Constitución de 1978 plasma tan adecuadamente puede tener lugar aquello que Habermas denominó la inclusión del otro, su reconocimiento como sujeto en igualdad de derechos. Y eso es lo que hace la articulación territorial de nuestra Constitución a través de nuestras autonomías y eso es lo que, lejos de romper, hacen precisamente nuestros estatutos, dándole a esa comunidad de derechos una expresión mucho más acabada.

Señorías, nadie puede dudar hoy de que el reconocimiento de la identidad y las singularidades de los pueblos y territorios que integran España y la plena aceptación de su diversidad ha cohesionado la vida en común y ha hecho más fuerte el proyecto compartido que es España. El Estado de las autonomías ha generado gobiernos más próximos a los ciudadanos y eso ha permitido la realización de políticas públicas más eficientes y competitivas, que han repercutido muy favorablemente en el progreso económico y social del conjunto de la nación. Por eso, en su discurso durante el debate de investidura, el presidente del Gobierno afirmó que reformar los estatutos es optar por vivir dentro de ellos, es aplicar la Constitución, y añadió que los procesos de reforma tenían que cumplir tres condiciones: ser respetuosos con la Constitución, ser aprobados mediante mayorías que supongan un amplio consenso político y social, y finalmente responder a las necesidades realmente sentidas por los ciudadanos. Porque, señorías, la reforma estatutaria solo tiene sentido si incrementa la cohesión social entre los ciudadanos y los territorios de España, desde una comprensión positiva de su pluralidad constitutiva.

Señor presidente, señorías, el pasado 2 de noviembre se inició el debate en esta Cámara de la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña. Hoy estamos aquí para pronunciarnos sobre el resultado final de un intenso y fructífero trabajo parlamentario. El camino transitado durante estos meses ha tenido como denominador común el consenso tanto en su punto de partida en Cataluña -donde una amplísima mayoría aprobó la propuesta de reforma-, como hoy en su punto de llegada; un consenso que se ha forjado en el debate y en la negociación leal y abierta, a partir de la voluntad compartida de responder a las demandas de mejor autogobierno y, al mismo tiempo, de profundizar en la construcción armónica y estable de nuestro Estado de las autonomías.

Porque un Estatuto goza de una doble condición, la de su incidencia en el territorio en el que se aplica y en el más amplio del marco en el que se inserta. Es decir, no es solo una norma institucional básica, la norma institucional básica de cada comunidad, sino que por su posición especial incide también en el proyecto común de convivencia de todos los españoles. Y es a esta doble condición a la que responde el procedimiento de aprobación de todo texto estatutario, un procedimiento cuyo sentido es la exigencia de diálogo, diálogo entre parlamentos, el autonómico y las Cortes Generales, y diálogo entre los grupos parlamentarios, allí y aquí, con el fin de integrar perspectivas distintas que conduzcan a un acuerdo a la altura de la vocación de futuro y estabilidad de la norma que fija el marco de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente y que es parte integrante de la estructura territorial del Estado. Respeto a los procedimientos parlamentarios y confianza en el debate político; esa ha sido siempre nuestra posición. Creemos, porque creemos en el diálogo y en la búsqueda del entendimiento, y rechazamos la dialéctica de la confrontación que contradice la relación democrática basada en la convivencia y en la concordia cívica; porque creemos que solo integrando la diversidad en la unidad es posible construir una España mejor, más tolerante, más solidaria y más fuerte; una España de todos y para todos, una España sin exclusiones ni excluidos. Esta misma actitud ha presidido nuestro quehacer en todas y cada una de las distintas fases que hoy jalonan la tramitación de la propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía de Cataluña que aquí debatimos.

Cuando la iniciativa de reforma fue definitivamente aprobada por el Parlamento de Cataluña algunas fuerzas políticas la tacharon de inconstitucional; afirmaron incluso que era una reforma encubierta de la Constitución. Frente a ello el Gobierno sostuvo con firmeza que en un sistema de justicia constitucional concentrada, como es el nuestro, no existen modificaciones tácitas de la Constitución ni es posible anticipar juicios de constitucionalidad de la ley con pretendido valor jurídico. Defendimos, en consecuencia, la decisión de la Mesa de esta Cámara admitiendo a trámite la propuesta. Hicimos lo correcto, lo que exige nuestra democracia, abrir las puertas al debate, a la reflexión razonada, al argumento constratado, al intercambio de ideas, y no nos equivocamos, tal y como lo ha confirmado el Tribunal Constitucional. En esta ocasión se han vuelto a demostrar una vez más las bondades del debate parlamentario; su capacidad para encauzar por la senda de lo racional y lo razonable los términos de cualquier posición; su vigor para extraer de entre los distintos argumentos los mejores resultados, y conviene subrayarlo, su potencia para esclarecer equívocos y deshacer falsedades. El procedimiento de discusión de esta propuesta de reforma estatutaria es una buena muestra de que el debate parlamentario razonado y detallado, más allá de proclamaciones enfáticas y de peticiones de principio, da resultado y permite que incluso quienes propusieron una norma acepten una propuesta alternativa o la maticen para recoger las preocupaciones e intereses de otros grupos.

Señorías, el texto que se somete a la consideración de este Pleno, este Estatuto, es producto del más profundo sentido democrático; del acuerdo guiado por las reglas y los procedimientos previstos; un acuerdo cuyo efecto es sin duda la mejor argamasa para cohesionar nuestro Estado autonómico; un acuerdo que tanto en su espíritu como en su letra es plenamente conforme a nuestra Constitución.

Cada uno de los artículos del dictamen ha pasado el cedazo del examen crítico y el análisis pausado de la Comisión. Se ha ponderado el encaje de cada pieza en la funcionalidad del sistema de distribución territorial y el resultado es, como no podía ser de otro modo, un texto constitucional. Aunque el Tribunal Constitucional ostente el monopolio de rechazo de las normas con rango de ley, la defensa y la garantía de la Constitución corresponde a todas las instituciones de nuestra democracia. Sin duda, las Cortes Generales son garantes del respeto de nuestra norma suprema a través del ejercicio de sus funciones, porque la Constitución no es solo criterio de validez de la norma, sino también guía y marco de acción para todo aquel que ejerce poder en nombre de los ciudadanos.

Este dictamen es producto de la aplicación sin excepciones del criterio del pleno respeto a la Constitución, de sus procedimientos y de sus contenidos. Señorías, si la Constitución es la garantía de nuestro proyecto común de convivencia, este Estatuto, respetándola, la fortalece. No hay lugar para la añagaza de la quiebra del Estado o de la ruptura de España. El intenso trabajo realizado en el seno de la ponencia de la Comisión Constitucional entre los representantes del Congreso y la delegación del Parlamento de Cataluña ha permitido alcanzar un acuerdo fundamental sobre los contenidos del Estatuto que sirvió de sólida base para la elaboración de este dictamen. En las sesiones de la Comisión todas las voces han sido oídas, todos han tenido ocasión de expresar sus posiciones y formular sus argumentos. La Comisión Constitucional, con un orden y una programación en muchos de sus aspectos novedosos, puesto que era la primera vez que se tramitaba la reforma de un Estatuto del artículo 151 de la Constitución, ha sabido aunar la conocida experiencia de su presidente con el buen hacer de todos sus miembros. El esfuerzo conjunto, tras horas intensas de debate político, ha dado sus frutos hoy, señorías. Esos frutos se someten a la aprobación de este Pleno en un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña; un Estatuto que es la conjunción democrática de la voluntad del Parlamento catalán y de estas Cortes Generales; un Estatuto que renueva el pacto político de 1979 y que vigoriza y consolida la unidad de todos los pueblos de España.

Señorías, hoy vamos a votar un texto que como estatuto de autonomía es un excelente estatuto para Cataluña y como ley orgánica es una excelente ley del Estado. Es bueno para Cataluña porque reconoce su identidad, porque aumenta su autogobierno y mejora su calidad al servicio de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Y es bueno para el conjunto del Estado porque se circunscribe plenamente a la Constitución, porque reafirma el compromiso democrático de convivencia dentro de un mismo Estado y porque al integrar y reconocer la diversidad de ese Estado se enriquece, permitiendo la convivencia de las múltiples sensibilidades y modos diferentes de entender nuestra propia identidad y porque al enriquecerse se hace más participativo ganando en cohesión social y estabilidad política.

El Estatuto de Sau de 1979 ha rendido unos frutos extraordinarios en términos de progreso y bienestar. Mantener la vitalidad de ese instrumento de Gobierno requería adecuarlo a las nuevas realidades políticas, económicas y sociales que se han desarrollado a lo largo de estos más de 25 últimos años y requería dar respuestas a las nuevas demandas de los ciudadanos del siglo XXI. Con esta reforma se renueva el compromiso de las instituciones con la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.

Porque el ejercicio eficaz de la autonomía requería, señorías, tras 25 años de experiencia autonómica, clarificar los respectivos ámbitos de competencia, asegurando que la legislación básica del Estado no extralimite -como a veces ha ocurrido con demasiada frecuencia- los espacios que constitucionalmente tiene reservados y requería actualizar y ampliar el marco competencial para afrontar los nuevos ámbitos de responsabilidad y actuación de los poderes públicos autonómicos derivados de la evolución tecnológica, de los avances sociales, como las políticas de género, de la integración de la inmigración o las referidas a las comunicaciones electrónicas o a las nuevas tecnologías. La tipología y las técnicas empleadas para deslindar las competencias se ajustan plenamente a los parámetros constitucionales y a su interpretación jurisprudencial, al tiempo que conforman un marco dentro del cual los poderes públicos catalanes van a poder diseñar políticas propias sobre los respectivos ámbitos materiales. Este nuevo marco competencial implica correlativamente una mayor responsabilidad de la comunidad autónoma, porque profundizar en las competencias supone, sin duda, acercar más el poder público a los problemas y a sus soluciones, pero también supone que cuanto más se aproxime a las competencias, más responsabilidad tiene la administración. A todos se nos va a exigir que la profundización en la descentralización política conlleve una mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos.

Pues bien, el reconocimiento en el Estatuto de un catálogo de derechos, lejos de afectar al conjunto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como se ha llegado a afirmar -a mi juicio- equivocadamente, refuerza su cumplimiento y su garantía, porque los poderes públicos de Cataluña asumen obligaciones adicionales a favor de la realización de bienes básicos como la salud, la atención a las personas vulnerables o el medio ambiente, entre otros. Como reiteradamente ha declarado nuestro Tribunal Constitucional, la igualdad de derechos no puede concebirse como una rigurosa y monolítica configuración del ordenamiento jurídico; antes bien, con la debida reserva respecto de las condiciones básicas a las que se refiere el artículo 141.1 de la Constitución, la potestad legislativa de las comunidades autónomas hace que nuestro ordenamiento tenga una estructura compuesta, por obra de la cual la posición jurídica de los ciudadanos puede ser distinta en las distintas partes del territorio nacional. En coherencia con todo ello, los ciudadanos de Cataluña, a través de sus representantes legítimos han decidido democráticamente que su Estatuto incorpore nuevos derechos a la par que nuevas obligaciones para los poderes públicos que ellos eligen y cuya responsabilidad política también exigen. Una opción constitucionalmente impecable que, sin duda, mejora el Estatuto jurídico de los ciudadanos de aquella comunidad autónoma. Resultaba asimismo necesario aumentar y mejorar la participación de las comunidades autónomas en aquellas decisiones estatales que directamente afectan a sus competencias y, de modo especial, a su intervención en los procesos de formación de la voluntad del Estado en el seno de la Unión Europea. Es obligado reconocer que el proceso de cesión de competencias a la Unión Europea ha incidido en muchos casos en la distribución interna de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, por lo que, al igual que ha ocurrido en otros Estados miembros con entidades políticas subestatales dotadas de potestad legislativa, era necesario disponer de cauces de participación y colaboración institucional que integrasen y posibilitasen la formación de una voluntad común. El Estatuto que hoy se somete a la aprobación de esta Cámara incorpora soluciones en esta materia plenamente generalizables a las demás comunidades autónomas y compatibles con procesos decisorios eficaces y capaces de reducir la complejidad; con ello se refuerza la posición del Estado y su voluntad recibe un plus de legitimación.

Finalmente, se mejora la financiación incrementando no solo sus recursos, sino también su responsabilidad fiscal, incorporando un conjunto de principios que son generalizables para todas las comunidades autónomas con el fin de conseguir haciendas más competitivas y capaces de atender a los servicios y prestaciones que precisan los ciudadanos.

Una vez más, al mismo tiempo que estos, aumenta también la responsabilidad de la comunidad autónoma a la hora de gestionar esos mayores recursos. En consecuencia, más autogobierno sí, pero más responsabilidad también.

Señorías, incrementar cuantitativa y cualitativamente el autogobierno tiene un destinatario común: la ciudadanía. Ella es la razón de ser del proyecto de convivencia plural que sustenta nuestra Constitución y también el aliento que anima este Estatuto de Autonomía, un Estatuto que permite a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña responsabilizarse de las políticas de acogida y empleo de los inmigrantes que lleguen a su comunidad, que en el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial articula una Administración de justicia más integrada en el territorio, próxima al ciudadano y conocedora de sus preocupaciones y vivencias jurídicas; un Estatuto que abre las puertas a una ordenación del territorio más ajustada a la realidad geográfica y cultural o que, sin perjuicio del irrenunciable principio de unidad de mercado, asegura a los emprendedores y emprendedoras de Cataluña que contarán con instrumentos de promoción y defensa de la competencia, con el reconocimiento por la Generalitat de la denominación de origen de sus productos o que podrán beneficiarse de las amplias posibilidades que se vinculan a las nuevas competencias sobre comercio, industria, tecnologías de la comunicación o de regulación de la economía social y las cooperativas, un Estatuto, en fin, que se ocupa y se preocupa de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y que para ello edifica unos poderes públicos más ágiles, más cercanos y más transparentes.

Señorías, con la aprobación de este Estatuto estamos apostando decididamente por la estabilidad del sistema autonómico, por su generalización, porque en él se garantiza de manera efectiva el espacio propio y el ejercicio seguro de la autonomía política y se da cauce de este modo a la satisfacción de las demandas de reconocimiento y bienestar de los ciudadanos de Cataluña y también porque se fortalecen los mecanismos de cooperación y de comunicación entre las administraciones. Así, al principio general de lealtad constitucional y a la responsabilidad compartida en la realización del interés, se unirán instrumentos más ágiles y más eficaces para la cooperación y la coordinación de las administraciones.

Estoy segura de que, como aconteció con el de Sau, el Estatuto que hoy vamos a votar también dejará una especial huella en nuestra historia, en la historia de Cataluña y en la de España, pero también, señorías, en la historia de nuestra democracia parlamentaria y de su capacidad para hacernos avanzar juntos desde el diálogo y la comprensión, afrontando con renovadas energías los retos que nos depara el futuro. Por todo ello el Gobierno se congratula del resultado de este proceso, felicita a las fuerzas políticas que han participado en el mismo y manifiesta su convicción de que, una vez concluida la tramitación en el Senado, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña valorarán muy positivamente los avances que para Cataluña y su autogobierno trae consigo el nuevo marco institucional resultante de este proceso de reforma.

Concluyo y permítame que lo haga uniéndome a la cadena que inició don Amadeu Hurtado durante la discusión del Estatuto de 1932 y que continuó en el debate de 1979 el diputado señor Roca. Dijo Hurtado y recordaba Roca: Tengo la absoluta seguridad de que dentro de muy poco tiempo, menos del que todos pensamos, los que hayan votado el Estatuto y los que no lo hayan votado querrán tener todos el honor de haberlo votado. Yo lo suscribo. Muchas gracias.