El Gobierno delega en las comunidades autónomas las competencias sobre prostitución

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha destacado hoy en el Congreso que la prioridad del Gobierno es acabar con el tráfico de personas con fines de explotación sexual, al tiempo que ha delegado en las comunidades autónomas la regulación o no de la prostitución. Caldera ha respondido así durante la sesión de control al Gobierno, a la interpelación urgente que sobre esta materia planteó la parlamentaria de Izquierda Verde, Carma García.

Caldera ha insistido en que hay una serie de competencias que ejercen tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales, en lo relativo a servicios sociales destinados a paliar la situación de las personas que ejercen la prostitución, políticas de inclusión social, sanitarias, de orden público o incluso de ordenación de la actividad económica de las comunidades autónomas, en lo atinente a salas, locales, donde se ejercen este tipo de actividades.

Prostitución forzada

La prioridad de la Administración Central será, por tanto, la lucha contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual y la prostitución forzada que, a juicio del titular de Trabajo, es la que ejercen una mayoría de mujeres en España, que son inmigrantes irregulares traficadas y excluidas social y económicamente. Para ellas, el ministro ha anunciado que está diseñando la posibilidad de incorporar a las que abandonen la prostitución entre los colectivos beneficiarios de los programas de Renta Activa de Inserción y Formación para el Empleo. Además, ha recordado que los ministerios de Justicia, Interior y Trabajo están desarrollando un Plan Integral de Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

La renta activa de inserción es una ayuda económica que busca incrementar las oportunidades laborales de parados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo; se puede cobrar durante once meses y el año pasado ascendía a 375,84 euros mensuales.

Sin embargo, la parlamentaria de Izquierda Verde, Carma García, ha criticado que el ministro de Trabajo escondiera "la cabeza bajo el ala", por eludir el debate sobre la regulación o no de la prostitución voluntaria. A su juicio, lo más grave es que se desconocen completamente las cifras y dimensiones del fenómeno. Asimismo, ha resaltado que es necesario un debate urgente y sereno en el que se escuchen todas las voces que tengan algo que decir sobre derechos humanos, sociales y laborales de las mujeres que ejercen la prostitución".

Aunque la parlamentaria ha asegurado que la Moción que presentará su grupo la próxima semana se dirigirá exclusivamente a facilitar este debate, García ha adelantado la posición de su Grupo: "La defensa de los derechos sociales y laborales y la necesidad de regular su actividad dando a las mujeres que ejercen la prostitución el control real de su propio cuerpo y el ejercicio libre de la prostitución con los derechos y deberes que conlleva".