El juez cita a los ocupantes de las viviendas allanadas en Jun para decidir si les desaloja

Las 24 familias expulsadas de sus viviendas en Jun (Granada) siguen a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada tome declaración mañana a aquellos que presuntamente les echaron por la fuerza de sus casas y de curso, si lo cree necesario, a la orden de la Fiscalía del Tribunal Superior de Andalucía para que la Guardia Civil intervenga y puedan volver a sus hogares, de donde tuvieron que salir sin ni siquiera recoger sus enseres personales.

"La película de terror", como la definió el alcalde del pueblo, José Antonio Rodríguez, comenzó la semana pasada. El 17 de octubre, una treintena de familias, procedentes del Polígono del Almanjáyar (un barrio marginal de las afueras de Granada), comenzara a ocupar viviendas vacías de los números 4, 6 y 8 de la avenida de Granada de Jun (Granada).

"Sin recoger sus enseres personales"

Sin embargo, luego decidieron echar "por la fuerza" a 24 familias de sus hogares (adyacentes a los otros), "irrumpiendo de madrugada armados, y expulsando de sus casas a familias con niños pequeños". El pasado lunes, amenazaron a Rodríguez "con una pistola en la cabeza, afirmando que, si les expulsa, le matarán". El resto del pueblo "se atrincheró en sus casas", sin salir a la calle para "evitar que fueran también ocupadas". Los expulsados "no pudieron recoger ni sus enseres personales" según el alcalde.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Andalucía ha dicho que la ocupación de esas 30 viviendas en tres bloques de protección oficial de Jun es ilegal, y ha enviado al Juzgado de Instrucción número 8 de Granada un informe en el que pide el desalojo inmediato de quienes ocuparon pisos de los que previamente se había expulsado a esas 24 familias. Los que se apoderaron de casas deshabitadas habrían incurrido en usurpación de inmuebles, según el fiscal, que ve también indicios de daños y defraudación eléctrica, según informa Manuel Altozano.

"Están aterrorizados"

La fiscalía no envió su escrito sobre la ocupación hasta ayer debido a que, hasta ese momento, la Guardia Civil no le había trasladado las investigaciones. En los tres bloques en los que se produjo la ocupación (48 pisos en total) sólo quedan dos propietarios (uno es una mujer de 81 años) y dos inquilinos (una familia de nueve miembros y otra de cinco). Tres de ellos han denunciado los hechos, mientras que el cuarto asegura que no lo ha hecho por miedo.

El subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, aseguró ayer que la Guardia Civil ha identificado ya a todos los okupas. "Hemos hablado con los inquilinos que han abandonado sus casas para decirles que no tengan miedo, que tienen el apoyo de la Guardia Civil", afirmó Cruz, quien insistió en que el cuerpo no ha intervenido hasta el momento porque no habían interpuesto denuncia. "La restitución de la legalidad en Jun puede ser inmediata, sólo esperamos la orden del Poder Judicial", añadió. El alcalde, que compareció junto al subdelegado, reiteró, sin embargo, que los vecinos se negaron a denunciar por el miedo a los nuevos ocupantes. ""Están aterrorizados; por eso, aunque les han arrebatado sus viviendas, les cuesta plasmarlo por escrito en una denuncia".

Hoy, la Guardia Civil se ha personado en las viviendas para notificar a los okupas las citaciones para que se presenten mañana en el juzgado de Granada. Allí tendrán que justificar que su acción ha sido legal, o presumiblemente el juez ordenará su expulsión de las viviendas. Una vez entregadas las notificaciones, el medio centenar de agentes se ha replegado, dejando en la zona sólo algunos efectivos en misión de vigilancia para evitar altercados.