24 familias de un pueblo de Granada denuncian el desalojo de sus casas por parte de unos 'okupas'

Un total de 24 familias de Jun, una localidad granadina que suma poco más de 2.000 habitantes, están viviendo una auténtica "película de terror". Denuncian que han sido desalojadas esta semana de sus casas, unas a la fuerza y otras por miedo, por parte de un grupo "violento" de okupas que se ha atrincherado en un edificio contiguo al Ayuntamiento del municipio. El pasado lunes amenazaron al alcalde, José Antonio Rodríguez, "con una pistola en la cabeza y afirmando que, si les expulsa, le matarán". Rodríguez, que ya cuenta con protección policial, ha explicado que los nuevos moradores de los pisos, familias enteras de gitanos, aseguran haber pagado 3.000 euros por ellos.

Procedentes de un barrio marginal

El primer edil de Jun ha señalado que los "violentos okupas, cuyo número es "imposible de cuantificar", son ahora los amos de un edificio de tres bloques de viviendas ubicado en las cercanías del Ayuntamiento. Rodríguez, que ha cifrado en 20 las familias afectadas, ha calificado la situación de "película de terror" y ha subrayado que en España lo único que se había visto era que se ocuparan casas vacías pero no "que llegara gente y se apropiara de viviendas habitadas". Pero el problema es mucho mayor, según Rodríguez, ya que "el resto de la población vive atrincherada en sus casas y no sale a la calle para evitar que sean también ocupadas".

El alcalde ha indicado que los afectados cuyas viviendas que fueron allanadas se dejaron todas sus pertenencias dentro y "no pudieron recoger ni sus enseres personales". Estas personas, que están "totalmente desamparadas", lloran impotentes "al ver cómo otros utilizan sus enseres". El grupo de okupas, al parecer de etnia gitana, afirma proceder del barrio marginal de La Cartuja, en Granada, y justificaron en un principio su acción alegando que ellos fueron a su vez desalojados de sus viviendas por mafiosos rumanos. Sin embargo, el alcalde ha explicado que ahora aseguran haber pagado 3.000 euros por las casas de las que se han apropiado. Los sucesos comenzaron a producirse el pasado sábado, cuando los okupas fueron instalándose en pisos vacíos que en breve iban a ser entregados a parejas jóvenes en alquiler.

Sin embargo, según el regidor de Jun, los acontecimientos "han cobrado más relevancia" al aumentar los desalojos entre el jueves y el viernes con la llegada de una "avalancha" de familias okupas. Estos nuevos desalojos se han producido "a la fuerza, irrumpiendo de madrugada armados y expulsando de sus casas a familias con niños pequeños". Incluso "han llegado a derribar puertas". En otros casos, los vecinos se han ido por miedo a sus nuevos vecinos, como publicaba ayer la prensa local. "Estas familias de okupas, que no son de Jun, han invadido las viviendas de ciudadanos de la localidad que llevaban habitando en ellas muchos años, algunos en régimen de alquiler y otros como propietarios", según el alcalde.

Dos familias, una anciana y un legionario

José Antonio Rodríguez ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que arda el edificio, después de que "engancharan toda la electricidad a un único sitio". También teme por la seguridad de todos los habitantes del pueblo, ya que "los okupas están armados". De momento, los afectados permanecen alojados en casas de familiares y en la del propio alcalde de Jun. De sus antiguos inquilinos, únicamente resisten en el inmueble "dos familias de propietarios, una anciana de 81 años, que no tiene a dónde irse y un legionario que ha declarado que resistirá hasta el final y con el que nadie se atreve a meterse". Algunos de los afectados no han querido ni prestar declaración porque están "muy asustados".

En cuanto a la solución del caso, el alcalde ha afirmado que se encuentra a la espera de recibir una orden judicial para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan proceder al desalojo de los edificios y "se restituyan las viviendas a los ciudadanos de Jun". Por último, el alcalde ha subrayado que, desde que vecinos y Ayuntamiento denunciaran la situación, han contado con el apoyo del subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, que está siguiendo la evolución del caso. Rodríguez ha criticado que si esto hubiera ocurrido en otro lugar como Madrid o Barcelona en vez de en Jun, localidad famosa por haber acogido la primera experiencia de voto electrónico, se habría buscado "una solución" mucho antes.

El alcalde, que cuenta desde ayer con protección policial, piensa solicitar mañana una licencia de armas por miedo a las represalias que puedan adoptar en su contra cuando "todo esto haya terminado", es decir, cuando se produzca el desalojo por orden judicial. Rodríguez, que fue amenazado con una pistola por uno de los okupas por pedir que se marcharan, sigue recibiendo amenazas, por lo que ha confesado: "No puedo olvidar el 'clic clac' de la pistola al cargar la bala y después de lo ocurrido no puedo arriesgarme a pasear por la calle porque me siento desprotegido".