España trata de acallar el temor de la UE a que la regularización afecte a otros países

El ministro de Interior español, José Antonio Alonso, ha tenido que garantizar hoy de nuevo a sus colegas de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido que el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes que acaba de cerrarse no afectará al mercado de trabajo de esos países, y "no ofrece el mínimo problema" al resto de miembros de la Unión Europea. Alonso ha asegurado que se trata de "un proceso racional" que "es bueno para los inmigrantes, los empresarios, los sindicatos, la Administración, la sociedad española y la europea", aunque ha admitido que "las recetas" que sirven para España pueden no ser útiles en otros países.

Los ministros de Interior de estos cinco países se han reunido hoy en París para tratar de mejorar el control fronterizo en la lucha contra la inmigración ilegal. En una tribuna publicada hoy por el diario francés Le Figaro, estos responsables políticos señalan que "la libre circulación en el seno del espacio Schengen no debe ser explotada impunemente por las redes de inmigración clandestina".

"Nos reunimos hoy en París para controlar mejor nuestras fronteras, tanto por la armonización de las reglas y prácticas en el espacio Schengen como por el reforzamiento de la cooperación operativa", añaden en el citado diario el francés Dominique de Villepin, el alemán Otto Schily, el italiano Giuseppe Pisanu, el británico Charles Clarke y Alonso.

Casi 700.000 solicitudes

El pasado 7 de mayo se cerró el proceso de normalización de extranjeros con la admisión de casi 700.000 solicitudes de regularización; al estar cada una de ellas ligada a un contrato de trabajo, el proceso hará emerger casi 700.000 empleos irregulares que engrosaban la economía sumergidas. Además, según los cálculos de Trabajo, unas 400.000 personas lograran permiso de residencia gracias a los vínculos familiares con los regularizados.

Unos meses antes, el 24 de febrero, los 25 países de la UE acordaron establecer un mecanismo de información previa para que todos puedan enterarse de iniciativas similares a la española antes de que tengan lugar. Alemania y Holanda pidieron en enero explicaciones a España por este proceso; Otto Schily aseguró entonces que la decisión española "tiene consecuencias en el resto, pues esos inmigrantes pueden luego viajar a Francia o Alemania".

El ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, le respondió entonces: "El inmigrante que logra legalizar su situación nunca va a ir a otro país en el que vivirá en la incertidumbre. El que se mueve en busca de trabajo es el ilegal. El legal, además, no tiene derecho a trabajo en otro país de la UE, sino simple libertad de movimientos".