El reto de la concienciación social
El 7 de mayo de 2004, el Gobierno dio el primer paso para acabar con la violencia de género al aprobar un plan de medidas urgentes; un "parche" transitorio hasta la entrada en vigor de la Ley Integral, el pasado enero. Un año después, repasamos algunos de los avances logrados y de los desafíos que quedan por resolver.
La coordinación entre jueces y policías
El Plan de medidas urgentes hacía especial hicapié en la necesidad de agilizar la cooperación entre las fuerzas de seguridad y la Judicatura. Un protocolo de coordinación en este sentido está en marcha desde hace meses pero, aunque la presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Consuelo Abril, reconoce avances al respecto, critica la falta de recursos en comparación con lo ambicioso de los objetivos. "Esto provoca que se pueda tardar 5 meses en tramitar una medida urgente". Un tiempo importante en estos casos.
Prisión por quebrantar la orden de alejamiento
Los fiscales, más sensibilizados con la violencia que hace 12 meses, piden la prisión preventiva del agresor cuando quebranta la orden de alejamiento, tal y como el Gobierno les solicitó hace un año. Lo que sigue sin aplicarse es la suspensión de las visitas a los hijos: "Valoran la medida desde el ángulo de los derechos del menor, sin tener en cuenta que su padre puede perjudicarle. Obviamente es una decisión extrema, pero el agresor puede ser un mal modelo de conducta para su hijo o acosarle", explica Consuelo Abril.
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