Un juez bloquea la decisión municipal de usar La Coruña como topónimo oficial
La medida fue aprobada por el alcalde socialista Francisco Vázquez y recurrida por la Xunta
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña ha suspendido el acuerdo plenario del 2 de noviembre de 2004 por el que el Ayuntamiento de la ciudad gallega aprobó como oficial el topónimo La Coruña, que debía coexistir con el gallego A Coruña.
La decisión fue tomada merced a la mayoría absoluta (14 ediles) con la que cuenta el alcalde socialista, Francisco Vázquez. El Bloque Nacionalista Galego (cinco) rechazó la medida, mientras que el Partido Popular (ocho) se abstuvo. Sin embargo, la Consejería de Justicia de la Xunta de Galicia presentó un recurso, y el juez Fernando Fernández Leiceaga lo ha estimado al considerar que el acuerdo tiene "todos los indicios de un acto nulo de pleno de derecho". En el auto, el magistrado considera que se "reabre una cuestión ya resuelta" sin que exista a su parecer un cambio normativo que lo autorice, y añade además que los intereses de la tutela de la Xunta son "superiores" a los del Ayuntamiento.
Según informa Xosé Manuel Pereiro, el argumento invocado en la propuesta de la alcaldía era la promoción de la concordia entre los ciudadanos mediante el reconocimiento oficial de una realidad histórica bilingüe. Pero el portavoz del BNG, Henrique Tello, después de intentar la retirada de la moción, acusó al alcalde de resucitar una polémica enterrada "con una propuesta que no obedece a una necesidad social ni a una cuestión ideológica, porque [Vázquez] no tiene ideología sino intereses".
La división social fue patente en la postura del PP. Sus concejales se despojaron de las ropas de abrigo para mostrar unas camisetas con una L, pero su intervención fue para justificar las razones para abstenerse. "Una cosa es lo que deseamos, otra lo que nos gusta, otra lo que es justo y otra lo legal", comenzó el portavoz, Fernando Rodríguez Corcoba, para luego argumentar que estaban de acuerdo con la cooficialidad, pero tenían dudas fundadas sobre su legalidad. "Si, como antes de la Ley de Grandes Ciudades, se necesitase la aprobación de los dos tercios de la corporación, tendría nuestro voto, pero como ahora le basta con la mayoría absoluta, nos abstendremos", expuso.
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