Los informes de Interior pedidos por el PP descartan el nexo entre ETA y Al Qaeda

Los informes solicitados por el PP para intentar demostrar la relación entre la banda terrorista ETA y Al Qaeda o no constan en los archivos del Ministerio del Interior o descartan la relación entre ambos grupos violentos. Los dirigentes del PP solicitaron en la última sesión de la comisión de investigación informes que supuestamente vinculaban a ETA con el asesinato de siete agentes del CNI en Bagdad, relataban la existencia de etarras en los campos de Al Qaeda en Afganistán o recogían presuntas relaciones que pudieran haber mantenido etarras con islamistas radicales en cárceles de España.

Entre los informes facilitados por el ministerio del Interior existe un informe de Instituciones Penitenciarias respecto a los terroristas de origen islamista detenidos en relación con el 11-M que han coincidido en las cárceles con miembros de la banda terrorista ETA. Ese informe aclara que en la media docena de casos en que se ha producido esa coincidencia, no ha existido ninguna relación entre presos etarras e islamistas radicales.

El anterior Gobierno del PP llegó a solicitar un informe el 13 de marzo, dos días después del atentado, sobre relaciones entre islamistas radicales y etarras en las cárceles españoles.

En un periodo que abarcaba más de 10 años, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias encontró media docena de casos donde se interceptaron cartas y se grabaron conversaciones que demostraban la relación que mantenían algunos presos islamistas con otros internos de la banda terrorista ETA.

En base a esa relación, que en ningún caso indicaba nada relacionado con el atentado del 11-M, basa el PP parte de su teoría a favor de la relación entre ETA y Al Qaeda.

También descarta el Ministerio del Interior, según la documentación remitida ayer a la cámara, que la Guardia Civil conociera una denuncia del confidente Rafa Zohuier, encarcelado por supuesta colaboración con los terroristas del 11-M en el robo de explosivos en Asturias, sobre la venta de armas por parte de un agente del instituto armado a un socio de Jamal Amidan, El Chino, uno de los ejecutores del 11-M que se suicidó en el piso de Leganés.

Seguimiento sin consecuencia

Respecto a El Tunecino, el supuesto cerebro del atentado, que también se suicidó en Leganés, la Policía ha remitido un informe sobre el seguimiento que le hizo por considerar que podía pertenecer a una célula de islamistas radicales.

En dicho informe, remitido ayer al Congreso de los Diputados, se señala que del seguimiento efectuado no se pudieron extraer consecuencias respecto a la actividad delictiva de El Tunecino y de la posibilidad que estuviera tramando el atentado de los trenes.

Entre la documentación remitida a la comisión de investigación también figura un análisis histórico de la dinamita utilizada por ETA en sus atentados. Entre esa dinamita figura la Goma 2 pero no del tipo del utilizado en el atentado de los trenes de Madrid.

Por último, aparece el informe de la Guardia Civil de Tráfico respecto a las tres multas que un agente puso a El Chino cuando se trasladaba en un vehículo Toyota cargado de dinamita desde Asturias a Madrid.

El informe de la Guardia Civil señala que se le impusieron tres sanciones por exceso de velocidad (conducía a 84 kilómetros por hora cuando el máximo permitido en esa vía, con dirección a Burgos, era de 50 kilómetros), no llevaba la documentación del coche ni tampoco el resguardo del pago del seguro obligatorio. El pasaporte que El Chino entregó al agente era falso, según se supo después a raíz de las investigaciones iniciadas tras los atentados de Madrid.

Documentos secretos

De los 96 informes solicitados por la comisión de investigación al Gobierno, ayer llegaron al registro del Congreso 26 y otras tantas contestaciones del Ministerio del Interior respecto a la inexistencia de la documentación solicitada, en muchos casos relacionada con el supuesto vínculo entre ETA y Al Qaeda.

Los informes sobre las relaciones con servicios secretos extranjeros, y en concreto con la colaboración del espionaje marroquí en la investigación de los atentados del pasado 11 de marzo no han sido remitidos a la comisión parlamentaria de investigación porque, según argumenta el Gobierno, la entrega de ese tipo de información vulneraría la legislación que regula las relaciones entre los servicios de inteligencia de los distintos países.