El Gobierno rechaza las quejas del Poder Judicial contra la discriminación positiva de la mujer

El Gobierno está dispuesto a incorporar las sugerencias de los órganos consultivos correspondientes a su anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia de Género, pero manteniendo en todo momento el espíritu de la norma, basada en aplicar al ámbito pena el principio de discriminación positiva a favor de la mujer. Así lo ha dicho el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, después de reunirse con representantes de diversas asociaciones de mujeres. Horas antes, uno de esos órganos, el Consejo General del Poder Judicial, se preparaba para aprobar un informe demoledor contra el proyecto, que tacha en algunos aspectos de inconstitucional.

López Aguilar se ha comprometido de nuevo a incorporar las acotaciones de éste y otros (Consejo de Estado, Consejo Escolar, Consejo Fiscal y Consejo Económico y Social) órganos consultivos. En concreto, el Gobierno "intentará espigar de las observaciones que provengan del CGPJ lo que resulte adecuado" para que la ley sea "mejor y más útil". "Impecable" quiere el Ejecutivo que sea la norma, según ha apostillado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Sin embargo, el CGPJ no cree que el Gobierno vaya por el camino correcto. El Pleno del Consejo examinará el próximo jueves el informe redactado por la Comisión de Estudios e Informes, y se lo remitirá al Ejecutivo, que tiene la intención de lanzar el anteproyecto en la reunión del Consejo de Ministros del viernes próximo. El texto plantea dudas sobre la eficacia de la norma y critica que no proteja también al resto de víctimas de la violencia doméstica, como los menores, ancianos, minusválidos e incluso los hombres. Además, cuestiona la constitucionalidad de que las amenazas y coacciones leves pasen a ser delito de amenazas sólo cuando el ofendido es mujer.

El texto ha sido redactado por el vocal conservador José Luis Requero, después de que la Comisión rechazara el informe escrito por Montserrat Comas, que avalaba la norma pero planteaba algunas modificaciones, pidiendo más tiempo al Gobierno para realizar uno nuevo.