Las 20 condiciones que impone ERC para formar gobierno

- Prioridad para la enseñanza pública. Aumento de la inversión en enseñanza hasta por lo menos la media española.
- Plan de choque en materia educativa para frenar las altas tasas de fracaso escolar, represtigiar la formación profesional y mejorar la enseñanza del inglés.
- Completar la red pública escolar para la etapa de cero a tres años en todo el territorio.

- Plan de atención a las mujeres maltratadas, que ha de incluir la creación de casas de acogida en proporción de una por cada 10.000 habitantes.
- Despliegue de la Ley de Familia.
- Complemento de las pensiones hasta situarlas al nivel del salario mínimo interprofesional.
- Mejora de la financiación sanitaria.

- Articulación de una política propia sobre inmigración, que ha de incluir la determinación de los cupos, la atención social y una carta de derechos y deberes.

- Política lingüística basada en el criterio de que hay tres lenguas, catalán, castellano e inglés, sobre la base de que el catalán es la primera.
- Articulación de los equipamientos culturales de la administración local y la autonómica en una sola red coordinada.

- Construcción de 50.000 viviendas en cuatro años, la mitad de ellas de alquiler.
- Oposición al actual Plan Hidrológico Nacional y, en particular, al trasvase del Ebro.
- Creación de sendos operadores catalanes mixtos público-privados de telefonía y de telecomunicaciones.
- Plan de rescate de los peajes de las autopistas.
- Extensión de la fibra óptica y la banda ancha de telecomunicaciones a todo el territorio.
- Reserva para las pymes del 25% de las licitaciones de obras y servicios.
- Planificación del territorio.

- Creación de una oficina anticorrupción, encargada de aclarar los escándalos sobre los que se ha echado tierra encima. Declaración pública de bienes para los altos cargos al principio y al final de mandato.

- Apoyo decidido a las selecciones deportivas catalanas y a su reconocimiento por las federaciones internacionales.

- Aceleración del despliegue de la policía autonómica, con dotaciones de 4,5 agentes por cada 1.000 habitantes.