El Gobierno planea modificar la Ley del Jurado para aumentar las garantías procesales

Dolores Vázquez fue juzgada y condenada por un jurado popular a 15 años de cárcel por el asesinato en 1999 de Rocío Wanninkhof. El Tribunal Supremo anuló después la condena al entender que el jurado no había valorado bien las pruebas. Vázquez pasó 17 meses en prisión, y estaba a punto de volver a ser juzgada por el crimen cuando las investigaciones policiales sobre la muerte de Sonia Carabantes el pasado mes de agosto permitieron capturar al asesino de ésta joven, Tony Alexander King. El detenido confesó el crimen, pero también admitió haber acabado con la vida de Rocío Wanninkhof. La Guardia Civil exculpa ahora a Dolores Vázquez del asesinato por la que fue condenada, y el Gobierno se plantea modificar la Ley del Jurado para reforzar las garantías procesales y proteger al acusado de errores como éste.

El vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, Javier Arenas, ha anunciado hoy en el Congreso que el Ejecutivo planeaba ya desde hace tiempo estas reformas, que implementará a partir de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial aunque, según Arenas, no a causa del sorprendente giro del caso Wanninkhof, que hay que valorar aún con "extrema prudencia". Sin embargo, el líder del PP en el País Vasco y ex ministro de Interior, ha asegurado que, después de lo ocurrido, la Justicia debe "indemnizar materialmente" a Vázquez. "No podemos actuar irreflexivamente porque ahora el daño esta hecho, y es irreparable", ha afirmado Mayor Oreja.

"Un reflexión muy seria"

En este sentido, el PSOE ha afirmado que este caso "exige una reflexión muy seria sobre las garantías procesales". Su secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado que "es una buen oportunidad para poner a prueba los mecanismos que hay en el derecho, que muy pocas veces se aplican, para restituir un error judicial y para pensar si no nos conviene ser extremadamente cuidadosos con la aplicación de las garantías en la instrucción de una investigación y en los secretos del sumario, que son violentados en España con una frecuencia lamentable".

Pese a todo, Aguilar ha resaltado que el juicio con jurado está previsto en la Constitución y "de ninguna manera" se debe prescindir de él, puesto que "cumple una función". Pero eso sí, según el socialista "debe hacerse con garantías, y si hay un momento que se prueba, como es el caso de la lucha antiterrorista, que el exceso de proximidad impide imparcialidad, hay que poner garantías adicionales".

"Cuestionado por los técnicos"

También se ha pronunciado sobre esta cuestión el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que cree que en España los jueces ofrecen mayor seguridad jurídica que el jurado popular, y por tanto se muestra partidario de reformar la situación actual. "El jurado popular está cuestionado por los técnicos casi desde sus comienzos y aunque es una institución que está en la Constitución y hay que mantener, otra cosa son los términos en los que está configurado", ha asegurado Cardenal.

A favor de estas reformas se han pronunciado también la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales, mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura es más drástica: "Está demostrando que la investigación desarrollada por tribunales de jurado no ha sido adecuada. El jurado no debería entenderse en sentido anglosajón, sino en el europeo, es decir, con intervención de jueces profesionales, para que los ciudadanos no se vean influidos y se eviten las situaciones dadas hasta el momento". Por último, Jueces para la Democracia considera inapropiado culpar sólo al jurado popular de este error, puesto que la responsabilidad debe extenderse también al "clamor popular" de vecinos e instancias judiciales y policiales.