Garzón exculpa a las comunidades autónomas del fraude del lino

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha plasmado en un auto hecho público hoy la investigación que ha realizado en los últimos meses sobre el supuesto fraude en el cobro de subvenciones de la Unión Europea en el sector del lino textil. El magistrado afirma en este documento que el supuesto delito se llevó a cabo "sin el conocimiento de las comunidades autónomas" afectadas.

De hecho, Garzón va más allá y detalla que, "en algunos casos, los supuestos fraudes se han producido específicamente en contra de las medidas y controles que se diseñaron para evitarlos, y a pesar de la actividad de los inspectores y personal encargado por los responsables regionales en Castilla-León, Castilla-La Mancha y Extremadura".

La investigación fue desencadenada por una denuncia de la comisaria europea (a la sazón, ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación en la época del supuesto fraude) Loyola de Palacio, que advirtió un posible delito de malversación de caudales públicos en la tramitación de estas ayudas por parte de las comunidades autónomas implicadas, que eran las responsables de distribuir los fondos europeos y controlar su uso.

El PP acusa a Bono

Un informe oficial del Parlamento Europeo repartía las responsabilidades en el supuesto fraude entre las "administraciones regionales" (las comunidades autónomas) "las autoridades nacionales competentes" (el ministerio de Agricultura). El PP consideró entonces que este informe alejaba la posibilidad de implicar en el caso a la ex ministra Loyola de Palacio.

La Comisión Europea reclama a España la devolución de 99,23 millones de euros por el fraude. El Gobierno del PP reaccionó culpando de lo ocurrido al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, cuyo Gobierno denunció el fraude; un portavoz de éste manifestó: "Es de una caradura increíble. Sería como echarle la culpa a la Guardia Civil por descubrir a un ladrón". Loyola de Palacio concluyó: "Lo van a tener que pagar todos los agricultores".

"Una materia prima inservible"

La investigación concluye que, entre los años 1997 y 1999, "una serie de personas físicas por sí o en representación de empresas, especialmente las transformadoras, y con ocasión de las ayudas que otorga la Unión Europea sobre el cultivo y producción del lino, habrían falseado datos y documentos, así como cultivos, a lo largo y ancho de varias comunidades autónomas" para cobrar las subvenciones.

Los imputados solicitaban la ayuda "so pretexto del cultivo y recolección de una materia prima inservible o que, no siéndolo, no se le daba salida comercial alguna, quedándose unas veces apilada en el campo y otras convirtiéndose en pasto de las llamas" en incendios no aclarados "y extrañamente reiterados". Se incumplía así la normativa, que fijaba las subvenciones en función de la superficie sembrada, de la cosecha obtenida y de la transformación de ésta en varilla de lino.

25 imputados

El juez reduce en su auto el número de personas implicadas, ahora 25, entre las que se cuenta el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca. Este funcionario, según Garzón, hizo uso de su cargo en el organismo encargado de coordinar las ayudas y contactos entre el Estado español y la UE para "desarrollar determinadas acciones" para favorecer a sus dos hijos, que cultivaban y transformaban lino textil a través de la entidad COLISUR, S.L.

En concreto, estas acciones iban "dirigidas al entorpecimiento de los controles por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y, en concreto, de la Consejería de Agricultura, que, directa o indirectamente, podrían haber beneficiado a aquellos familiares y sus explotaciones agrícolas en un área que entraba dentro de las competencias genéricas de aquél y por tanto incompatible con todo tipo de asesoramiento, consejo, impulso o beneficio por parte del funcionario público".

Las otras veinticuatro personas para las que se mantiene la imputación, productores y transformadores de lino, están acusados de un delito de obtención indebida de fondos de los presupuestos generales de la UE en relación con otro de falsedad documental, y se enfrentan a penas de prisión de uno a cuatro años y multas.