El PNV rechaza el endurecimiento de penas porque se acerca demasiado a la cadena perpetua

La diputada del PNV Margarita Uría ha expresado el rechazo de su partido a la propuesta del Gobierno del endurecimiento de las penas para delitos terroristas, anteproyecto que aprobará mañana el Consejo de Ministros. A juicio de Uría, elevar la pena máxima a 40 años de cárcel "se acerca demasiado a la imposibilidad de la reinserción prevista en la Constitución y a la cadena perpetua".

Tras entrevistarse con el ministro de Justicia, José María Michavila, la diputada nacionalista ha expresado sus dudas ante una propuesta que, a su juicio, "peca en exceso de propagandismo" y que "en principio no nos gusta lo que pretende", ya que la obligación del Gobierno y de los colegisladores es intentar que todo condenado sea reinsertado. Para ello, el sistema actual le parece adecuado.

Los nacionalistas tienen dudas sobre qué tipos de delitos deben estar incluidos en la propuesta del Gobierno ya que, a su juicio, también podría incluirse el tráfico de seres humanos. Otro de los puntos oscuros del texto se refiere "a los parámetros exigidos para considerar a alguien reinsertado". Sin poner en duda el sistema actual, que considera adecuado, Uría ha exigido un aumento de los profesionales que se dedican a la política penitenciaria, de forma que se pueda hacer un seguimiento fiable de cada preso para determinar su reinserción, que siempre es mejor que "pudrirse en la cárcel".

En este sentido, ha expresado su desacuerdo con que uno de estos requisitos sea la proclama pública por parte de un condenado respecto a que rechaza el terrorismo, dado el riesgo que puede suponer para su propia vida.

Justificación de la reforma

Los nacionalistas han pedido al Gobierno los datos concretos de presos, en especial terroristas, que han vuelto a la actividad criminal tras su paso por la cárcel, para así poder determinar si hay necesidad real de poner en marcha estas medidas. Según ha declarado, ella sólo conoce un caso, lo que no justifica la reforma.

Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que también se ha reunido hoy con Michavila, ha dudado también de la constitucionalidad de la propuesta y ha anunciado que no la apoyará en el Parlamento si se mantiene en sus actuales términos. A juicio de Llamazares, la medida vulnera los principios de igualdad, reinserción y división de poderes, consagrados en la Constitución. Para IU, la iniciativa del Gobierno es "partidista", formulada para "tapar debilidades" como la del Gobierno en la crisis del Prestige.

En su opinión, la propuesta trata a los penados "de forma desigual", en función de si han sido condenados por actividades dentro o fuera de una organización y deja la propuesta de reinserción "en algo anecdótico", además de "estar más lejos de la eficacia que otra más flexible, más integradora y con más vocación de dividir al mundo terrorista y de reinsertar".