La juez Palacios revoca la prohibición de navegar en aguas españolas a buques relacionados con el 'Prestige'

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha revocado las medidas cautelares adoptadas por su colega Guillermo Ruiz Polanco por las que requería al Gobierno, a través del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, para que impidiera la navegación por aguas jurisdiccionales españolas de los buques que figuran en la lista negra publicada por la Comisión Europea, así como de todo buque "que guarde cualquier relación con los estados nacionales de matriculación o de abanderamiento del buque Prestige o de nacionalización de sus propietarios o de nacionalidad, residencia o trabajo de las personas físicas o de las Compañías que han intervenido en una u otra forma durante los tres últimos años en la actividad y uso, en navegación o atraque, del buque Prestige".

En la práctica, la medida afectaba a barcos de Liberia, Grecia, Bahamas, Reino Unido, Gibraltar, Rusia, Letonia, Holanda e incluso España.

Sin embargo, Ruiz Polanco, que estaba de guardia, remitió la denuncia a reparto entre todos los juzgados de la Audiencia Nacional, porque los hechos no habían ocurrido durante la guardia. El caso correspondió al juzgado de Teresa Palacios que pidió al fiscal que le informase sobre si la Audiencia Nacional es competente para instruir casos por delito ecológico.

Oposición del fiscal

El fiscal Eduardo Fungairiño, sin embargo, al tener conocimiento de las medidas "peculiares" adoptadas por Ruiz Polanco, de requerir al Gobierno para impedir la navegación de ciertos buques, ha presentado un recurso ante la juez Palacios solicitando la revocación de esa medida.

La magistrada, pasadas las ocho de la tarde, ha dictado un auto por el que revoca las medidas cautelares acordadas por Ruiz Polanco y lo ha notificado a Fiscalía, según ha confirmado el propio Fungairiño.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, además, considera que ese órgano jurisdiccional no es competente para investigar el caso —que actualmente se tramita en un juzgado de Corcubión— porque "no tiene encaje penal ninguno".

En efecto, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia Nacional es competente en delitos contra la Corona, Altos Organismos de la Nación, y forma de Gobierno; falsificación de moneda y delitos monetarios; defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que se cometan en más de una provincia o afecten a una generalidad de personas o a la economía nacional; trafico de drogas y derivados cometidos por grupos organizados; delitos cometidos por españoles en el extranjero, las extradiciones y otros asuntos que le atribuyan las leyes, entre ellos, el terrorismo. En ningún caso, los delitos contra el medio ambiente.

Fuentes de la Audiencia consideran que la juez, tras el informe negativo sobre la competencia presentado por la Fiscalía, no admitirá a trámite la denuncia por entender que ese tribunal no es competente para investigar y, en su caso, enjuiciar el caso.

El abogado denunciante, que tuvo conocimiento de la decisión de la magistrada respecto de las medidas cautelares adoptadas por Ruiz Polanco, preparaba ayer una querella sobre hechos similares con la intención de poder presentar re cursos a la decisión de la juez, ya que la mera presentación de la denuncia no permite recurrir una decisión considerada adversa.