Prisión sin fianza para el director general de la promotora CPV
El responsable de la inmobiliaria exculpa a sus hijos, que ejercían la administración de la sociedad y que ayer ingresaron también en prisión
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha decretado hoy prisión provisional comunicada sin fianza para Francisco García Moreno, director general de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), contra el que ha sido presentada una querella por presunta estafa de viviendas a 1.200 familias.
Así lo ha decretado tras tomarle declaración como imputado durante unas cuatro horas y media y tras haberlo solicitado el fiscal y los seis abogados que representan a los perjudicados, informaron fuentes jurídicas.
La querella fue presentada el pasado mes de octubre en nombre de nueve de las 1.200 familias afectadas por la presunta estafa. Los terrenos donde CPV debería haber construido pisos se encuentran en los programas urbanísticos (PAU) de Las Tablas, Montecarmelo y Sanchinarro y supuestamente fueron vendidos por la promotora a pesar de que las familias habían depositado diversas cantidades de dinero a cuenta, sin que la mayoría de ellas hayan recuperado el dinero.
Prisión para los administradores
La juez acordó ayer el ingreso en prisión para tres administradores de CPV, Miguel Angel Morillo y los hermanos Francisco Javier y Miguel Angel García Sánchez -estos dos últimos hijos del director general de la promotora-, quienes afirmaron que era García Moreno quien tomaba las decisiones de la empresa.
Las mismas fuentes han explicado que el directivo ha explicado a la juez que sus hijos "no tienen culpa de nada" pues "obedecían ordenes", ha reconocido una deuda de 3.000 millones de pesetas -unos 18 millones de euros- con los perjudicados y ha relatado que el dinero recibido "lo invirtió en otros activos" como un inmueble en Puerta de Hierro, en Madrid, y otro en Benidorm (Alicante).
"Queremos nuestros pisos"
Los afectados concentrados desde primera hora de la mañana en la puerta principal de la sede de los Juzgados de la Plaza de Castilla han coreado frases como "Queremos nuestros pisos" y portaban pancartas en las que se podía leer "Pisos para los estafados y cárcel para los estafadores".
"Es una vergüenza", ha declarado a los periodistas uno de los afectados, Alfonso Latorre. Al conocer la decisión de la juez otra persona ha gritado: "queremos justicia, ya que estamos trabajando todos los días para que se lo lleven ellos".
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