Último antentado en noviembre de 2000
Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre cometieron su último atentado el 17 de noviembre de 2000, y costó la vida al policía de proximidad del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Sanz Morales, de 28 años, que fue asesinado de un disparo en la cabeza frente a las puertas de un instituto en el barrio madrileño de Carabanchel.
GRAPO respondió así a la desarticulación de su cúpula, apenas una semana antes en París, que supuso la captura de sus históricos dirigentes Fernando Silva Sande y Manuel Pérez Martínez, Camarada Arenas.
El 9 noviembre de 2000 fueron detenidos en París y sus alrededores todos los miembros de la cúpula de la banda terrorista GRAPO. Los arrestados, además de su histórico dirigente, Fernando Silva Sande fueron: María Victoria Gómez Méndez, José Luis Elipe López, Manuel Pérez Martínez Camarada Arenas, Isabel LLaquet Baldellou, José Antonio Peña Quesada y Rosario Llobregat Moreno. El juez Jean Louis Bruguierre ordenó el ingreso en prisión de todos ellos.
A mediados de febrero de 2001 agentes de la Policía Judicial descubrieron un piso franco abandonado por los GRAPO desde hacía unos meses coincidiendo con la caída de la cúpula de la banda en París. El piso, situado en la calle Arriaga, número 21, en el madrileño barrio de San Blas, fue alquilado por dos mujeres, supuestas integrantes de la organización terrorista, que utilizaron documentación falsa y fueron identificadas como Gemma Rodríguez de Miguel y Esther González Ilarraz.
El 29 de julio de 2001 fue detenido en Cambados (Pontevedra) el miembro de la banda terrorista GRAPO Joaquín Vieites Santos. Imputado por colaboración con banda armada, desde 1996 realizó labores de propaganda así como de captación y formación de militantes. Vieites ya fue condenado por la Audiencia Nacional en 1977 por el asesinato de un policía en Barcelona y salió de prisión en 1991. El 1 de agosto de 2001 el juez de la Audiencia Nacional Carlos Dívar ordenó su ingreso en prisión incondicional.
Con posterioridad, el 6 de octubre de 2001, la policía de Valladolid detuvo a María Eugenia Gimón Aranda, de 35 años, por su presunta relación con los GRAPO. Según fuentes policiales, la detenida daba apoyo logístico a la banda mediante el alquiler de pisos y realizó tareas de organización, junto a Joaquín Vieites Santos, detenido en Cambados (Pontevedra).
El 15 de octubre el magistrado de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco acordó la puesta en libertad provisional de la presunta colaboradora de los GRAPO. El juez justifica su decisión en el hecho de no disponer de indicios suficientes para vincularla con el aparato de reorganización de este grupo terrorista en Castilla y León.
